Imputan a Villar y al ex jefe de los árbitros, Sánchez Arminio, en plena tormenta por el 'caso Negreira'

La Audiencia Nacional ha ordenado citar como investigados a Victoriano Sánchez Arminio, ex presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y a Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por la 'Operación Soule', el caso que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Villar como presidente de la RFEF.

Esta noticia llega en un momento en el que el mundo del fútbol sigue conmocionado por el 'caso Negreira', segundo de Sánchez Arminio en el CTA, que este martes ha pasado a manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Según adelantaba 'RTVE', el juez va a determinar una fecha para que declaren ambos. Lo harán después de que los magistrados de la Sección Segunda hayan estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

La resolución de la Audiencia Nacional ha aceptado citar como investigados a Villar y Sánchez Arminio, pero la Sala ha desestimado la otra petición de la Liga para que se tenga como investigada a la RFEF. En este sentido, explica que "esta diligencia deberá estudiarse a la espera del resultado de las declaraciones de los anteriores".

Anteriormente, en su recurso, LaLiga había recurrido el auto del juez instructor Alejandro Abascal, en el que acordaba alargar tres meses la investigación y rechazaba la solicitud de citar a Villar y Arminio como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado testigos.

Villar y Arminio prestarán declaración como investigados

La resolución de la Audiencia Nacional señaló que es procedente tomarles declaración como investigados, sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente ahora, más allá de su anterior condición de testigos, es la verificación de indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a estas personas, tal y como solicita LaLiga.

Para la Sala, el hecho de ya hayan declarado previamente como testigos no impide su posterior cambio de condición, pasando ahora a ser investigados.

"No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigas debe o no atender", se señala.

En su escrito, LaLiga denunciaba que de las diligencias practicadas se derivaba la existencia de un gran volumen de pagos manifiestamente ajenos a los fines convencionales para los que la LNFP aportaba a la RFEF los fondos convenidos, llevado a cabo en virtud de un "Acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF".

Gastos ajenos al fútbol profesional

Una actuación que se hizo, según LaLiga, a espaldas de ellos, de forma que los que eran, a la fecha de los hechos, presidente y secretario del Comité Técnico Arbitral prestaron su conformidad y ordenaron pagar una serie de facturas, con fondos de la LNFP, con "gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF".

Según el fiscal, los informes periciales que se han practicado en estas actuaciones han concluido que las aportaciones realizadas por la LNFP correspondientes a los honorarios arbitrales exceden a los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, lo que indica que esta diferencia no está justificada y que tales fondos no han sido, por lo tanto, destinados a su fin.

"Y de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el Presidente como el Secretario Técnico del CTA", según el Ministerio Público.