El propio órgano de la Generalitat encargado de velar por la legalidad manifiesta que el referéndum es inconstitucional

El proyecto de ley de presupuestos de Cataluña incorpora una partida de gasto de 5,8 millones de euros para la potencial realización del “proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña, en el marco de la legislación vigente en el momento que se convoque”, según reza la disposición explicativa relativa a la misma. Es decir, otorga una supuesta autorización al Gobierno de la Generalitat para efectuar un gasto en este sentido, si bien queda acreditado que la consulta de la voluntad general es una potestad exclusiva del Estado.

La disposición “no supera el test de la adecuación constitucional y estatutaria ya que, a fecha de hoy, la jurisprudencia constitucional no reconoce a la Generalitat la potestad de regular ni de convocar una consulta refrendaria sobre el futuro político de Cataluña”, sostiene el Consejo de Garantías Estatutarias.

Si bien el propio órgano de la Generalitat manifiesta su opinión en contra de la interpretación del Tribunal Constitucional que considera que la entera regulación de los referéndums es exclusiva del Estado, admite que el alto tribunal “en materia de referéndum ha sido suficientemente contundente” por lo que no deja lugar a dudas en cuanto a atribución de competencias.

“A estas alturas, la única capacidad del Gobierno catalán es la iniciativa de solicitud en el Estado de la autorización para su convocatoria, en los términos y según el procedimiento previsto en la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, aprobada en desarrollo del artículo 92 CE”, sostiene.

El dictamen del Consejo de Garantías adoptado por unanimidad responde al recurso presentado por Ciudadanos, PSC y PP de Cataluña en contra de las pretensiones de los independentistas, no obstante no es de obligado cumplimiento.

De hecho, el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha adelantado que seguirán adelante con sus planes referidos a la consulta aportando una interpretación más que cuestionable sobre el referido dictamen del Consejo de Garantías.

Puigdemont se agarra a que el órgano consultivo no ha criticado la partida presupuestaria en sí misma que lleva por título "procesos electorales y participativos" -precisamente por su falta de concreción podría avalar un adelanto de las elecciones autonómicas, por ejemplo-, sino sólo la disposición explicativa, por lo que asegura que entiende avalada la consulta.

"Es una buena noticia que la partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum esté absolutamente avalada", manifestó este viernes en Girona, según cita RTVE. De esta manera, el Govern continúa con sus planes de convocar la consulta a más tardar en septiembre de este mismo año.