El Govern de Quim Torra solicitará al Parlament la apertura de una comisión de investigación sobre los disturbios y altercados violentos ocurridos en Cataluña tras la sentencia del procés. El Ejecutivo catalán ha anunciado "la evaluación interna más grande que se ha hecho nunca de un operativo" y que se centrará en la actuación de la policía autonómica.
Desde que el Tribunal Supremo dictase la sentencia del procés, Cataluña se ha convertido en centro de las protestas independentistas contra las condenas. Aunque la mayoría de concentraciones han tenido un carácter pacífico, se han producido incidentes violentos y altercados que se han saldado con 600 heridos y más de 200 detenidos en las últimas dos semanas.
El Govern quiere indagar en la actuación de los Mossos en dichas protestas violentas para saber si se produjeron irregularidades por parte de la policía autonómica. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo cartalán, Meritxell Budó, que ha explicado que la comisión de investigación que se abrirá en el Parlament contará con la participación de entidades de los derechos humanos, el Síndic de Greuges y expertos en materia de orden público.
La consejera ha anunciado que ya "se han iniciado las investigaciones de las actuaciones policiales para detectar cualquier posible mala praxis y esclarecer su responsabilidad".
Así se ha pronunciado tras la reunión del consejero de Interior, Miquel Buch con la dirección de los Mossos, encabezada por el comisario jefe Eduard Sallent , tras la que se ha abierto "la evaluación interna más grande que se ha hecho nunca de un operativo".
Budó ha avanzado que del primer análisis se derivan 15 actuaciones concretas bajo supervisión, las cuales "pueden acabar con expediente, sanción o información reservada". La consellera ha subrayado que esta investigación "se hace con la voluntad de mejorar la manera de defender el propio cuerpo de los Mossos, garantizar su prestigio y para que no se dañe la confianza que le tiene la ciudadanía".
Preguntada sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en relación a la hipotética no extradición de Carles Puigdemont por la justicia belga, la consellera las ha calificado de una "gravedad extrema". Según Budó, Calvo ha insinuado que desde el poder Ejecutivo no se respetará una decisión del poder judicial, "son amenazas por parte de un estado que hace mucho tiempo que ha olvidado la separación de poderes", y la vicepresidenta Calvo "deberá explicar muy bien qué ha querido decir con estas afirmaciones".
Budó también se ha referido a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que dijo que los disturbios de los últimos días contribuyen a dar visibilidad internacional al conflicto. Para la portavoz del Govern, "la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país han elegido un camino de reivindicación pacífica y no violenta, y en esto creemos que como Gobierno debemos afianzar".
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