Govern

El presunto desvío de fondos públicos que el Govern de Carles Puigdemont habría llevado a cabo para organizar el referéndum del 1-O será motivo de investigación en el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la consulta soberanista del 9-N. El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se inicie un procedimiento tras la denuncia de Societat Civil Catalana que reclama 89 millones al Govern por la organización de la consulta, 87 de ellos, por el coste del dipositivo policial desplegado.

El president de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente Pere Aragonès (ERC), se reunieron esta mañana para tratar la crisis abierta en el Govern catalán por las discrepancias entre JxCat y ERC sobre cómo aplicar la orden de suspensión contra Carles Puigdemont y los diputados acusados de rebelión. Tras la cita, Quim Torra compareció ante los medios junto a Aragonès y admitió que aunque dan por salvada esta pequeña crisis, tendrán una posible fecha de caducidad: la sentencia del Tribunal Supremo contra el procés soberanista, que decidirá la suerte de los presos catalanes. También puso Torra fecha de caducidad al acuerdo con el PSOE para mantener a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado el objetivo de alcanzar una república catalana tras la toma de posesión de su equipo de gobierno. Unos consellers que han prometido su "lealtad" al president sin citar expresamente a la Constitución o al Estatut. Eso sí, si bien hubo prolongados homenajes a los políticos presos o huidos -especialmente a los que no pudieron entrar en el Govern-, la sombra del ex president Carles Puigdemont quedó más bien apartada y se apeló al diálogo con el nuevo inquilino de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez.

La Fiscalía de Barcelona, en su escrito al juzgado que investiga los preparativos del 1-O, ha acusado de "organización criminal" a la treintena de procesados por el referéndum, entre los que además de altos cargos del Govern, se incluye a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio.

El Govern de la Generalitat ha cerrado filas con los Mossos d’Esquadra por no intervenir contra los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) en las protestas del pasado fin de semana en las que cortaron la autovía AP7 durante unas 15 horas.

El Govern catalán no quiere renunciar a la vía de diálogo abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que su portavoz, Elsa Artadi ha querido rebajar el tono de la confrontación después de las declaraciones de la nueva vicepresidenta del PDeCat, Miriam Nogueras, insinuando que este partido podría retirar su apoyo al Ejecutivo. Los 8 diputados del PDeCat en el Congreso votaron a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero tras los cambios en la dirección del partido, surgieron voces que dejaban en el aire el apoyo al Gobierno.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella por un presunto delito de prevaricación presentada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por no haber autorizado la publicación en el diario oficial de la Generalitat del Decreto, de 19 de mayo de 2018, de nombramiento del vicepresidente y los consellers del Gobierno catalán. El Supremo archiva la querella por no ser los hechos constitutivos de delito alguno.