El presidente valenciano, Carlos Mazón, argumentó que el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat durante la catastrófica DANA del 29 de octubre se realizó "por ley".
Estas declaraciones, realizadas a la salida de una reunión en Alicante, respaldan las explicaciones previas de la vicepresidenta Susana Camarero sobre el plazo máximo de conservación de un mes para este tipo de registros.
Los periodistas presentes cuestionaron al líder del Consell sobre su disponibilidad durante la crisis. Los registros telefónicos a los que tuvo acceso RTVE.es muestran que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, mantuvo varios contactos con Mazón durante la jornada, pero encontró imposible localizarle entre las 18:30 y las 19:43, a pesar de 3 intentos fallidos.
Más explicaciones
La comunicación se reanudó a las 20:10, justo 60 segundos antes del envío de la alerta a móviles. Ante estas revelaciones, Mazón se limitó a insistir en que estuvieron "todo el día comunicados", repitiendo su versión previa ofrecida en Algemesí.
El político del PP evitó profundizar en los detalles sobre los momentos en que permaneció inaccesibl, mientras protestas de ciudadanos le gritaban "miserable" y exigencias de dimisión.
Paralelamente, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, rechazó una petición de la asociación Liberum para investigar si se activó el Consejo de Seguridad Nacional, considerando que no existía relación causal directa con las víctimas mortales.
En su resolución, la magistrada interpretó que los argumentos del Gobierno valenciano revelaban una "pasividad" reconocida en la gestión de las alertas.
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