El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación de manera voluntaria a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH) para examinar la intervención policial en el barrio de Lavapiés, Madrid, tras los acontecimientos ocurridos durante una "reyerta".
Esta acción surge después de que varias organizaciones, incluyendo Sumar y otros asociados del Gobierno, solicitaran explicaciones, alegando un posible acto de racismo debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. El vídeo se hizo viral en pocas horas el pasado fin de semana.
Según fuentes del Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado iniciar una investigación sobre la actuación policial en los eventos ocurridos durante la reyerta en Lavapiés, con el objetivo de determinar si se produjo alguna infracción de los derechos fundamentales durante dicha intervención.
La ONGADH es una entidad subordinada a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta oficina, establecida en febrero de 2022, tiene como función principal supervisar el cumplimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las normativas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Específicamente, la ONGADH opera como un mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación para promover el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el respeto a los derechos humanos. Para ello, analiza los hechos y acciones que puedan indicar una posible violación de los derechos fundamentales durante una intervención policial.
Marlaska espera resultados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado a esperar los resultados de las investigaciones internas antes de sacar conclusiones sobre la actuación policial en Lavapiés.
En sus declaraciones a los medios, el ministro ha elogiado el trabajo cotidiano de los más de 156.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes salvaguardan un entorno seguro para todos los ciudadanos, donde puedan ejercer sus derechos y libertades.
Marlaska ha destacado que tanto la Policía Nacional como el Ministerio del Interior han iniciado una investigación dentro de la Oficina de Garantía de los Derechos Humanos para asegurar que las actuaciones de las fuerzas de seguridad se ajusten en todo momento a la normativa sobre derechos y libertades fundamentales.
"Estas investigaciones se llevarán a cabo de manera adecuada, y se extraerán las conclusiones pertinentes", ha concluido el ministro.
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