La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que la visita a España del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, se produce porque hay una anomalía en nuestro país por el bloqueo de la renovación del órgano de los jueces (CGPJ).
“Esta visita se produce porque en estos momentos hay una anomalía en España. Una anomalía y un único causante, que se llama Partido Popular (...) Así que yo espero que se les caiga la cara de vergüenza cuando tengan que dar esa explicación al Comisario de Justicia de la UE, y que de este modo podamos revertir una situación que nunca debería haberse producido y que ya se podría haber evitado hace muchos meses”, ha expuesto Rodríguez en rueda de prensa tras la reunión de ministros.
“No somos cromos o marionetas”
El futuro Gobierno de los jueces está harto de tanta espera: “No somos marionetas de la clase política, ni cromos intercambiables. Están jugando con nosotros”, han exclamado desde la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JJPD).
Esta queja procede de algunos de los 51 jueces que recabaron hace cuatro años los apoyos de sus compañeros para aspirar a formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía renovarse en diciembre de 2018.
Desde entonces, estos jueces esperan a que el PP acepte votar a 12 de ellos en el Congreso y en el Senado para integrar el nuevo CGPJ junto a ocho juristas de reconocido prestigio.
El PP lleva 4 años negándose a elegir entre esos 51 jueces a 12 vocales para el nuevo Consejo y sin sus votos, el PSOE no puede sumar los tres quintos necesarios para la renovación.
Entre los 51 jueces que eligieron los propios jueces para formar parte de las candidaturas que deben votarse en el Congreso y el Senado ya hay al menos 8 bajas, entre fallecidos (César José García Otero); jubilados (Jesús María Calderón y Lucía Ruano); aspirantes que han renunciado (Victoria Rosell, Luis Rodríguez Vega y José María del Riego) y otros que fueron elegidos para otros cargos (Inmaculada Montalbán, ahora magistrada del Constitucional, y Diego Íñiguez, actual consejero del Tribunal de Cuentas).
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