El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, además de a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa que está investigando los presuntos delitos de terrorismo de la organización Tsunami Democràtic.
También han sido imputados en la causa el empresario Oriol Soler, el ex consejero Xavier Vendrell y Jaume Cabaní, antiguo contable de Puigdemont que está implicado en la operación Volhov como parte de una presunta trama de blanqueamiento.
Esta citación aparece en plena negociación entre el PSOE y Junts sobre la amnistía a los implicados en el 'procés' que podría beneficiar a ambos dirigentes.
El juez ha tomado esta decisión dentro del marco de la causa por los disturbios que continuaron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán hace 3 años, en el otoño de 2019.
En el caso de Puigdemont, García-Castellón le da la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, al ser un miembro del Parlamento Europeo. En caso de que no lo haga, cursará el correspondiente suplicatorio para que esta cámara le levante cualquier especial protección y, por tanto, le obligará a comparecer como investigado.
Otegi llamado a declarar como testigo
El magistrado también ha decidido citar como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a fin de investigar lo acontecido en una reunión en Ginebra a finales de 2019. Según indica en la resolución, el independentista vasco debe señaalr que líderes políticos acudieron a la misma, así como el mensaje que mandó al que era mano derecha de Puigdemont, Josep Lluis Alay, en 2018: "El esfuerzo que podemos hacer en Suiza puede dar resultados a medio plazo. Hablamos", le indicaba en el mismo.
Se da la circunstancia de que el juez García Castellón ha dirigido varios procedimientos muy mediáticos como el de blanqueo de capitales contra uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, al que volvió a abrir una causa solo un mes después de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formación por considerarlas prospectivas, pero también cuando rechazó citar a declarar a María Dolores de Cospedal en la trama del PP para impedir revelaciones de su caja B.
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