El juez del Tribunal Supremo que investiga al eurodiputado Luis Alvise Pérez ha pedido al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad y poder actuar contra él.
Lo hace a raíz una investigación abierta por lanzar mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A pesar de ello, el magistrado ha recordado al fundador de Se Acabó La Fiesta que también puede comparecer voluntariamente y le ha dado un plazo de 5 días para que comunique si está dispuesto.
El juez ha tomado esta decisión en un auto en el que ha acordado incoar diligencias previas contra Alvise por un delito de acoso, delito de provocación, delito de atentado contra la autoridad o funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
En concreto, Alvise culpó a los fiscales de delitos de odio como responsables de una persecución ideológica, les acusó de multar e intentar encarcelar a quienes hablan de "invasión" migratoria, y animó a sus seguidores a buscar sus identidades.
Para ello, publicó la imagen de Susana Gisbert en su canal de Telegram, acusándola de pedir prisión y multas para quien publicase mensajes sobre migración.
Esta publicación provó una reacción inmediata en sus seguidores. Millar y medio de cuentas que le siguen en sus redes sociales pronunciaron insultos o la intención de perseguir o atacar a la fiscal y divulgaron perfiles suyos en varias redes.
Además, también publicaron el perfil de su hija. Tras esto, Alvise envió un segundo mensaje con otra imagen de la fiscal junto a una periodista y se jactó de que "ahora las perseguidas son ellas".
Actualmente, el Supremo investiga a Alvise por delitos de falsedad e injurias por la difusión de una PCR falsa en el año 2021 del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa; y por la presunta entrega de 100.000 euros en metálico por parte de un empresario de criptomonedas para la financiación de SALF en la carrera electoral de las pasadas elecciones europeas.
Además, recientemente una jueza de Madrid ha pedido al Supremo que le permita investigar a Alvise por publicar una conversación del ex número 2 de Interior en el anterior gobierno del PP, Francisco Martínez, en su ámbito privado y con un periodista, en el marco de la investigación del 'caso Kitchen'.
De aceptar el Tribunal Supremo abrir esta nueva causa al SALF, sería la 4ª investigación que el político y agitador ultra acumula en el alto tribunal desde que está aforado como eurodiputado en junio de 2024.
Citado a declarar voluntariamente el 6 de junio por la PCR falsa de Illa
Precisamente, por la causa abierta a raíz de difundir la PCR falsa de Salvador Illa, el magistrado del Supremo, Javier Hernández, le ha citado a declarar el 6 de junio, pero de forma voluntaria al continuar aforado.
El magistrado ha realizado esta citación en una providencia que ha dictado al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella se establece que se permite al aforado poder ejercitar su derecho a la defensa sin necesidad de que se le levante previamente la inmunidad como eurodiputado.
Esta decisión llega después de que el instructor del caso haya dictado un auto en el que reconoce la condición de parte, en ejercicio de la acusación popular, al PSOE de Cataluña con los hechos que investiga y que pudieran constituir un delito de falsedad documental.
Una medida que adopta el magistrado tras comprobar que los socialistas han presentado querella contra Alvise y que ha prestado una fianza de 15.000 euros exigida para que se admitiera su personación.
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