Junts y ERC ultiman cambios de última hora antes de su votación final en el Congreso

La propuesta de ley de amnistía, presentada por el PSOE en noviembre y sometida a una intensa controversia, alcanza este martes su votación final en el Congreso de los Diputados, completando así un rápido proceso en la Cámara Baja.

Una vez aprobada, los jueces tendrán 2 meses para aplicarla de manera efectiva.

El texto que llega al Pleno ha experimentado modificaciones a través de acuerdos entre el PSOE, Junts y ERC, especialmente en relación con los delitos de terrorismo y la aplicación "inmediata" de la norma.

Estos acuerdos han elevado aún más la tensión entre los defensores de la amnistía, liderados por el Gobierno de coalición y sus aliados parlamentarios independentistas y nacionalistas, y aquellos que se oponen, encabezados por el PP, quienes argumentan que atenta contra la igualdad de los españoles.

Por su parte, los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, presionan a última hora para colar enmiendas que suponga brindar al ex president Carles Puigdemont, después de que las últimas acciones judiciales le estén cercando para procesarle por terrorismo.

Votación parlamentaria

Se prevé un debate acalorado en el Congreso con 2 bloques enfrentados, y la aprobación final de la amnistía dependerá de los votos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, mientras que el bloque contrario estará compuesto por PP, Vox y UPN, además de Coalición Canaria.

En la última semana, el texto ha sufrido modificaciones en la Comisión de Justicia del Congreso, excluyendo los delitos de terrorismo que hayan causado "violaciones graves de derechos humanos".

El Gobierno, que había establecido como "línea roja" el tema del terrorismo en las negociaciones, sostiene que la ley ahora brinda mayor seguridad jurídica, dejando a los jueces la determinación de la gravedad de los hechos juzgados.

Tensiones de última hora en el independentismo

Los partidos independentistas, por su parte, buscaban blindar las causas relacionadas con los Comités de defensa de la República (CDR) y Tsunami Democtràtic dentro de la amnistía, pero el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha cuestionado esta argumentación, poniendo en duda que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de la medida de gracia.

En una nueva decisión, el magistrado sugiere que las agresiones a policías durante los disturbios tras la sentencia del 'procés' podrían constituir un atentado contra los derechos humanos, al no poder descartar en ellas un "ánimo homicida". Asimismo, se ha prorrogado la instrucción de la causa de 'Tsunami Democràtic' por 6 meses.

En vísperas del pleno de la amnistía, el juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, emitió un auto en el 'caso Volhov', señalando estrechas relaciones de Puigdemont con políticos de extrema derecha alemana e italiana, así como con Rusia, dispuesta a respaldar económicamente y militarmente la independencia de Cataluña.

Aunque aún es posible introducir modificaciones durante el pleno, a través de enmiendas no aprobadas pero aún vigentes, las negociaciones podrían prolongarse hasta el último minuto antes de la votación.

ERC y Junts

La portavoz de ERC, Raquel Sans, afirmó que su formación seguirá negociando hasta el último momento, destacando la robustez legislativa de la ley y su importancia para dar cobertura a quienes participaron en las consultas del 9N, la organización del 1-O y las protestas posteriores contra la sentencia.

Junts busca extender el plazo de aplicación de la amnistía y mantener 'vivas' sus 11 enmiendas iniciales, así como las pactadas con el PNV, con el objetivo de evitar la paralización de la ley en caso de recurso y ampliar la amnistía a todos los casos de terrorismo.

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