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Más de la mayoría absoluta del Congreso pide al PP que no bloquee la renovación del CGPJ
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(Foto: Marta Fernández (Europa Press))

Más de la mayoría absoluta del Congreso pide al PP que no bloquee la renovación del CGPJ

> Podemos amenaza con acudir al Constitucional si el órgano de los jueces caducado sigue haciendo nombramientos

domingo 27 de septiembre de 2020, 15:49h

PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, se han sumado en un manifiesto en el que "exigen" la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado, algo que según las formaciones, recoge con claridad la Constitución.

Once fuerzas parlamentarias -PSOE, Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, Grupo Parlamentario Republicano, PNV, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe- que representan más de la mayoría absoluta del Congreso presionan a la derecha de la cámara para cumplir con la renovación del caduco Poder Judicial alertando de que incumplir con el mandato constitucional deteriora gravemente los estándares democráticos.

Suma insuficiente

Juntos sumarían 187 apoyos por lo que los votos del PP se hacen imprescindibles atendiendo a que la Constitución establece que se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso, 210 apoyos, para aprobar nombramientos tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Tribunal Constitucional.

"Algunas de las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jurídico", advierten sobre unos organismos vitales para el funcionamiento del Estado de Derecho.

"El incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos", denuncian.

"Los Grupos Parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante", lamentan.

De esta manera, los firmantes reclaman al resto de grupos que "de manera inmediata, cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente de las instituciones citadas".

¿Acudir al Tribunal Constitucional?

Por otro lado, Unidas Podemos ha anunciado que estudiaría llevar al Tribunal Constitucional (TC) los nombramientos que efectúe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en puestos claves de la cúpula judicial por considerarlos ilegítimos debido a su caducada composición de mayoría conservadora desde diciembre de 2018.

Además, plantea que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no refrende dichas designaciones. Así lo ha indicado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia En Común en el Congreso, Jaume Asens.

Postura de Lesmes

"Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones", admitió el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su discurso de Apertura del Año Judicial.

No obstante, Lesmes -quien ha protagonizado diversos encontronazos con el gobierno de coalición, el último a cuenta de la no asistencia del rey a un acto en Barcelona- advirtió también de que "el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".

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