Montero, dispuesta a ceder en la reforma de la ley si se mantiene prioritario el consentimiento

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este sábado que está "dispuesta a ceder" para la reforma de la ley de garantía de la libertad sexual con el objetivo de dar "una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva" contra la norma y, "si es necesario, a subir a algunas penas", tras la rebaja de sentencias en caso de abusos y violaciones y la puesta en libertad de varios agresores.Sin embargo, ha insistido en que "solo hay una cosa" en la que no está dispuesta a ceder "porque el consentimiento ha llegado para quedarse".

En un acto de presentación de candidaturas de Podemos en Murcia, Montero ha asegurado que no hay acuerdo con el PSOE para la reforma de la ley y ha advertido que ambos socios de coalición tienen "una discrepancia grande" en torno al consentimiento."

"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo porque sé que la ley está bien hecha, entre otras cosas porque la hicimos mano a mano con el ministerio competente para las reformas penales, el de Justicia de Juan Carlos Campo, con un equipo excelente, y sé que es una ofensiva de sectores reaccionarios, como la de 2004" contra la ley integral contra la violencia machista aprobada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Montero ha afirmado también que se hace "cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas y de quienes las acompañan, de sus familiares, y también de la preocupación social" que ha generado la rebaja de penas.

Finalmente, se ha referido a la propuesta del PP para que se mantenga "el modelo de la violencia o la intimidación", un partido del que ha dicho que "mete en las instituciones a quienes niegan la violencia machista. Señor Feijóo, sólo sí es sí".

Ni un paso atrás ♀️ pic.twitter.com/5uGNWNolh7

— Irene Montero (@IreneMontero) February 4, 2023

El problema, la "gravísima" rebaja de penas

PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, mantienen abiertas las negociaciones para la reforma de la ley. Según han asegurado a 'RTVE' fuentes socialistas del Ejecutivo, la última propuesta del ministerio de Justicia se envió el viernes a mediodía e insisten en la discrección.

Además, han acusado a Unidas Podemos de "desenfocar el debate" y de enviar "un mensaje confuso" en cuanto al consentimiento. Según dichas fuentes, el problema no es el consentimiento "porque no se toca" sino la bajada de penas, que consideran "gravísima".

"No se pueden generar falsas expectativas, lo que ha sucedido no tiene vuelta atrás. Se trabaja para corregir el problema de cara a futuras condenas", añaden las fuentes.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado este sábado que se aprobarán "con unanimidad" las "mejoras técnicas que haga falta" en la ley del para "aclarar cuál era la voluntad del legislador, que no es ninguna otra que la de proteger más los derechos de las mujeres delante de cualquier abuso o agresión sexual".

"Estábamos esperando que, por parte de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, se generara una jurisprudencia de carácter general que no llegaba y veíamos como se iba tratando caso a caso", ha señalado Morant, quien ha remarcado que el legislador "al final ha sido la soberanía popular representada en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados".

Sobre si finalmente habrá o no acuerdo con Unidas Podemos, Morant ha destacado que la ley "salió del Congreso de Ministros con unanimidad, como siempre, y por tanto será también esa unanimidad la que preservará el espíritu de la ley".

La propuesta del Ministerio de Justicia para reformar la norma plantea retomar las penas previas a la ley actual y elevarlas cuando haya violencia o intimidación. No se toca el concepto de 'consentimiento' que recoge el artículo 178 de la ley actual ni se separan de nuevo los delitos de abuso y agresión sexual, como sucedía con la normativa anterior, pero sí establece diferencias en la agresión sexual en función de si existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctimas, de modo que estas circunstancias dejarían de ser agravantes y se integrarían en un nuevo tipo penal.

Sin embargo, desde el Ministerio de Igualdad rechazan este último punto, ya que consideran que la violencia y la intimidación son delitos que ya existen en el Código Penal y que no pueden ser condicionantes para que se reconozca una agresión sexual. Por eso consideran que, con la propuesta del PSOE, las víctimas deberían volver a pasar por el "calvario probatorio" de demostrar que no hubo consentimiento.