El Gobierno sigue negociando la reforma de la ley del sólo sí es sí con tensiones internas y presión del PP

La que fuera una de las leyes estrella de Unidas Podemos, la Ley del 'sólo si es sí', se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la coalición.

El PSOE y los 'morados' están negociando para reformar la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual y así evitar la rebaja de condenas. Aunque la conversacion sigue encallada por las "fuertes discrepancias" respecto a la forma de entender el consentimiento, que es el corazón de esta ley.

Y se acaba el tiempo. Los socialistas han dicho estar ya "en las últimas horas" de la negociación y aseguraron que reformarán la ley con o sin sus socios, un "escenario posible" que contempla Podemos, que teme que el partido socialista ceda a las "presiones" del PP y ambos sumen votos para volver al "esquema de la violencia e intimidación".

La intención del ala socialista del Gobierno era registrar la reforma esta semana, pero las posturas entre ambos socios no parecen haber cambiado tras las intensas negociaciones de estos días entre Justicia, Igualdad y otras partes implicadas, como Presidencia.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha puesto "límite" de tiempo a la negociación, pero el PSOE no pretende alargar más las conversaciones de cuestiones "técnicas" que no admiten más "discusión". "Estamos ya en las últimas horas de la negociación", decía este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mientras tanto, desde que entró en vigor la ley del 'solo sí es sí' en octubre, se han producido en España más de 400 rebajas de condenas debido a que la nueva norma, al unificar las figuras de abuso y agresión sexual (todo es agresión), se reducen algunas penas mínimas.

Sin embargo, no ha sido hasta el pasado lunes cuando los socialistas se comprometieron a reformar la ley. Los juristas advierten de que una reforma legislativa no evitará que se revisen condenas previas.

"Fuertes discrepancias" en torno al consentimiento

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, han recalcado esta semana que ambos partidos están "de acuerdo" en mantener el consentimiento en el centro de la ley, en que hay que frenar la rebaja de penas y para ello es necesario la reforma legal. Pero Igualdad y Podemos niegan la primera premisa ante las "fuertes discrepancias" sobre el consentimiento.

La propuesta de Justicia (en la que se basará el PSOE para registrar su proposición de ley) plantea retomar las penas previas a la actual norma y elevarlas cuando haya violencia o intimidación. Justicia no plantea tocar el concepto de 'consentimiento' recogido en el artículo 178 de la ley ni separar de nuevo los delitos de abuso y agresión sexual como ocurría antes, pero sí establece diferencias en la agresión sexual en función de si existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Con ello, estas circunstancias dejarían de ser agravantes y se integrarían en un nuevo tipo penal.

Y esto es lo que rechazan precisamente Igualdad y Podemos. La ministra de Igualdad explicaba este viernes en 'RNE' que está de acuerdo en agravar las penas cuando exista violencia e intimidación, pero estas circunstancias agravantes no pueden convertirse en "un tipo penal diferente" y condicionar para que un juez determine que hubo o no agresión.

La violencia y la intimidación, destacó Podemos, son delitos que ya existen en el Código Penal y pueden "concurrir" con un delito de agresión sexual, pero no ser condicionantes para que la agresión sexual se reconozca. Por eso consideran que la propuesta del PSOE vuelve al "modelo anterior" en el que las víctimas deben volver a pasar de nuevo por el "calvario probatorio" de demostrar que no hubo consentimiento en base a cuánto se resistieron o a las marcas de violencia que tengan en la piel.

Podemos sólo se abre a reformar porque lo pide Sánchez

Dentro del Gobierno, sólo el PSOE es partidario de reformar la ley y subir penas, ya que Igualdad y Podemos se han abierto únicamente porque así lo ha pedido el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los socialistas. De esta forma, lo reconocía Irene Montero en 'RNE', en una entrevista en la que ha vuelto a insistir en que la ley está bien hecha, pero apuesta por dar "una respuesta unitaria" con una reforma "a petición del presidente y del PSOE".

Los 'morados' siempre han sostenido que el problema de las rebajas es la "incorrecta aplicación" de algunos jueces bien por su "machismo" o porque no aplican los agravantes que establece la ley, como el abuso de poder del agresor o la vulnerabilidad de una víctima con discapacidad, por ejemplo.

La principal apuesta de Igualdad es un plan de medidas urgentes para reforzar la especialización en los juzgados, la formación y para dotar de más recursos a la atención de las víctimas. Medidas dirigidas a una "correcta" aplicación de la norma.

Sin embargo, ante la intención del PSOE de reformar la ley, Montero aseguró que han presentado a los socialistas hasta 5 posibles reformas que agravan las penas, pero todas ellas han sido "rechazadas".

La postura de la parte socialista del Gobierno es la que más ha variado desde que empezaron a rebajarse las penas, aunque siempre han defendido que esta es una ley "de vanguardia" y el propio Sánchez ha asegurado que es "una gran conquista feminista". Y es que más allá de las penas, la ley refuerza la protección de las mujeres agredidas, tanto si denuncian como si no lo hacen, y pone el foco en el agresor y no en la víctima.

El PSOE había abogado en un principio por esperar al criterio del Tribunal Supremo, pero éste se pronunció en diciembre tras revisar el caso Arandina y dictó que es "obligatorio" revisar las penas cuando la ley 'sí es sí' pueda ser favorable al reo.

En este contexto, no fue hasta el fin de semana pasado cuando el Gobierno se abrió a "resolver" los "efectos indeseados" de la ley y el lunes, por primera vez, el Ejecutivo habló de "reforma legislativa", en palabras de Félix Bolaños (inmediatamente después, el PSOE anunció que presentaría una proposición de ley en el Congreso con o sin Podemos).

"Sólo con que hubiera un pronunciamiento" judicial para rebajar una condena "nos parecería importante proceder a reformar la ley", aseguraba este viernes María Jesús Montero. La parte socialista ha mantenido en todo momento que se mantendrá el consentimiento en el centro de la ley.

Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lo que ha ocurrido es que al PSOE le "tiemblan las piernas" y se ha visto "obligado" a plantear "algún tipo de reforma" ante la "presión de la derecha".

El PSOE podría reformar sin Podemos con los votos del PP

Desde que comenzaron a rebajarse las penas, el PP ha exigido al Gobierno que cambie la ley del 'solo sí es sí', que considera en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, un "disparate". Tras anunciar Bolaños la reforma del Gobierno, Feijóo ofreció a Sánchez los votos del PP para sacarla adelante, tenga o no consenso en su Consejo de Ministros o con sus aliados parlamentarios.

Igualdad cree que es un "escenario posible" que el PSOE reforme en solitario con los votos del PP y ceda ante las "presiones" de la "derecha política, judicial y mediática" para volver al "modelo anterior". Montero comparó lo que ocurre con esta ley con la de violencia de género de 2004: "Siempre que ha habido una ley que ha avanzado en la protección de las mujeres frente a las violencias machistas ha habido resistencias".

De cualquier forma, ha descartado dimitir (como piden los partidos de derecha) y que el Gobierno de coalición se rompa si no hay acuerdo sobre esta ley: "Mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos últimos 20 años", exclamó.

"Hay que dar una oportunidad al acuerdo, pero les digo que la voluntad del presidente Sánchez, de la parte socialista, es firme y contundente", ha advertido María Jesús Montero, que ha dejado claro que si el acuerdo no se produce "en las próximas horas o días de forma clara" el PSOE registrará su propia ley.

No se evitará la rebaja de condenas previas

La presidenta del Observatorio de Violencia doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, aseguró el jueves que subir las penas en la ley no hace peligrar el consentimiento, que ya se estaba recogiendo en la jurisdicción del Tribunal Supremo, que "ya decía antes de la ley que no había que exigir un acto heroico a la mujer o que hubiera una lesión física para poder acreditar un delito contra la libertad sexual".

El CGPJ, los juristas y también Podemos han avisado de que una reforma legal no evitará que se rebajen condenas previas a la modificación legislativa, porque el reo tiene derecho a beneficiarse de la ley que, desde el momento de en que se produjo la agresión en adelante, más le beneficie.

María Calés, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, señaló en 'TVE' 2 problemas respecto a lo que está ocurriendo. Por un lado, la nueva ley hace un "totum revolutum" equiparando "un montón de figuras delictivas" previas en los artículos 178 y 179 de la ley. Pero por otro lado, apunta a que en muchos autos de revisión de condenas que ella misma ha revisado, la rebaja se hace de forma "automática" sin entrar en el fondo de la cuestión relativa a factores como si hubo, por ejemplo, un "·atentado contra la integridad moral" aparte de la agresión sexual, que debe "castigarse separadamente". Los responsables de algunos autos, señaló, "desconocen que hay nuevos criterios de agravación de la pena" y no los tienen en cuenta: "Hacen una adaptación matemática" relativa solo a la agresión sexual.

Y desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Inmaculada Poveda señaló a 'RTVE.es' que, si se vuelve a diferenciar entre agresión con violencia o intimidación, que ya son "agravantes" en la nueva ley, "volvemos a lo de antes" y las mujeres deberían "volver a acreditar" esa violencia.

Por eso cree que se debería subir la pena "en función del testimonio de la víctima" y acreditando que "no ha existido el consentimiento". Esto no implica, ha dicho, "vulnerar los derechos constitucionales" del acusado, puesto que hay herramientas para corroborar la "fortaleza" del testimonio de la víctima.

Y dejó muy claro que las revisiones de penas deberían hacerse no de forma "automática", como está "existiendo" en algunos casos, sino "viendo todos los antecedentes de hecho".

Themis confía que PSOE y Unidas Podemos "se pongan de acuerdo" y, sobre todo, basar la reforma "en el consentimiento, que no puede cambiar ni hacer que tengamos que acreditar la intimidación o la violencia".