El nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España ha dado la puntilla a la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes y, según han aclarado los portavoces de los 2 partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.
Por tanto, la valoración inicial de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a falta de conocer con detalle el texto pactado es la siguiente: el acuerdo anunciado este viernes no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional.
A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas, como la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad.
El acuerdo sólo alarga los procesos de desalojo
Sin embargo, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años (lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas) y sólo obliga a los propietarios a someterse a una mediación cuya resolución no tienen por qué respetar. Por tanto, los grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.
Asimismo, preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales "bonificados", lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías.
El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tienen alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra no puedan procurarse una vivienda.
El acuerdo ignora las recomendaciones de la ONU
De esta forma, el acuerdo ha ignorado las recomendaciones de los relatores de Pobreza y Vivienda de Naciones Unidas, que hablaban de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa, así como de la obligación de los poderes públicos de facilitar el acceso a la vivienda de la población.
Además, lamentan que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general.
El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300? mensuales y a las asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente.
Hasta ahora el gobierno sólo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.
¿Qué pasa con el Sareb?
Otro hecho importante es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las Comunidades Autónomas y aumentar así el parque público de vivienda.
Por otra parte, desde la PAH reivindican aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta (una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas), la rebaja de la definición "grandes propietarios" a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las Comunidades Autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social.
La ley antideshaucios en Cataluña es pionera
Es el caso de la Ley Antidesahucios en Cataluña, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno.
Un anuncio que abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo.
Mucho margen de mejora aún
En definitiva, desde la PAH valoran el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, aunque entienden que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes.
Por ello creen que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigen a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley.
En los próximos días examinarán detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y darán la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.
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