La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado madrileño reabrir el caso por el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023.
El tribunal considera que los hechos podrían constituir un delito de amenazas contra Pedro Sánchez.
Los magistrados aceptaron los recursos de la Fiscalía, del presidente del Ejecutivo y del PSOE, anulando así la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que había archivado el caso el pasado mes de febrero.
La causa se reabre para investigación
Los jueces argumentaron que "resulta precipitado el cierre de la causa, sin perjuicio de las conclusiones a que se llegue al concluir la instrucción", ya que "no puede excluirse a priori y desde la exclusiva perspectiva de la investigación penal, la tipicidad de los hechos como delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal". Sin embargo, descartaron que lo sucedido sea un delito de odio o que la causa deba ser transferida a la Audiencia Nacional.
La resolución de los magistrados se centró en los 2 pronunciamientos de la jueza de instrucción: su decisión de no ceder el caso a la Audiencia Nacional, al no ver delito de injurias y amenazas graves al Gobierno, y el archivo del caso al entender que los hechos se enmarcan en la libertad de expresión. La Audiencia Provincial dio la razón a los recurrentes en el segundo punto, al concluir que "no puede excluirse a priori y desde la exclusiva perspectiva de la investigación penal, la tipicidad de los hechos como delito de amenazas".
Las amenazas proferidas
A diferencia de la jueza, los magistrados sostuvieron que "con toda evidencia" el muñeco apaleado "representaba al presidente del Gobierno", teniendo en cuenta "el contexto del suceso y las expresiones proferidas". Destacaron "la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad, además de sufrir otras vejaciones simbólicas detalladamente descritas en la denuncia del PSOE", lo que se sumó a "la profusión de amenazas contra el destinatario y referidas a la sede del PSOE -colgadlo de los pies, hay que quemar Ferraz, a por Sánchez oé-".
Los magistrados añadieron que todo ocurrió cerca de la sede del PSOE y que las amenazas fueron proferidas "por sujetos integrados en una muchedumbre que ocasionó problemas de orden público que, al parecer, han sido objeto de otro procedimiento", lo que configuró "un cuadro intimidante de suficiente intensidad como para, provisionalmente, hablar de amenazas graves".
Sin delito de odio
Por otro lado, los magistrados de la audiencia madrileña rechazaron que los hechos denunciados constituyan un delito de odio. Argumentaron que, aunque "sin duda exista un componente de odio 'ideológico'" y se refleje "una animadversión visceral" hacia el presidente del Gobierno, no se cumplió el requisito de que afectara a "grupos o colectivos vulnerables o históricamente atacados por discursos de odio".
Asimismo, rechazaron que los hechos se consideren un delito de injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación. Por lo tanto, el caso no es competencia de la Audiencia Nacional, como pedían el PSOE y Pedro Sánchez, dado que el atestado policial indica que las amenazas se dirigían al presidente y al partido. Los jueces precisaron que los gritos como "todo el Gobierno a prisión" no son una amenaza a las instituciones, "sino más bien desahogo o expresión de un deseo cuya realización está lejos del alcance de quien lo profiere".
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