El PP lleva al Congreso una ley para desalojar a los okupas en 24 horas

En el arranque del curso parlamentario, el PP ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley contra la okupación, que plantea desalojos inmediatos, recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles y el endurecimiento de las penas asociadas a este delito.

Según el texto presentado por la formación conservadora, "el okupa no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes, y requerido para abandonar el inmueble por la autoridad o sus agentes, con ocasión de la correspondiente denuncia, en un plazo máximo de 24 horas deberá desalojarlo voluntariamente o acreditar que tiene un título que le permite ocupar esa vivienda (contrato de arrendamiento, por ejemplo)". Si se trata de flagrante delito, la autoridad o sus agentes procederán al desalojo inmediato.

El PP propone reformar el Código Penal para "castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen una cosa inmueble con penas, además de las incurridas por las violencias ejercidas, de uno a tres años de prisión, así como de seis a dieciocho meses para las personas que okupen un inmueble sin la autorización debida y si se mantiene contra la voluntad de su titular. Además, se impondrán las penas superiores en grado si la okupación ilegal dura más de 15 días".

Por otra parte, los 'populares' piden modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido. Asimismo, plantean el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.

La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.

La propuesta también recoge la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que la okupación ilegal de cosa inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite. Para ello, los ayuntamientos estarían obligados a dar de baja del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el propietario.

Por último, pide reformar la legislación tributaria para que al legítimo propietario, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación, y para que la vivienda okupada sea considerada como residencia habitual de su propietario, si lo era antes de la okupación, con el fin de que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.