Los colectivos religiosos esquivan la normativa que impide rezar frente a las clínicas de aborto

Una estampa común en las clínicas de aborto era la de personas que acudían a los alrededores para increpar o acosar a las mujeres que iban a interrumpir su embarazo.

Acciones llevadas a cabo generalmente por colectivos religiosos pro vida que no dudaban en gritar proclamas antiabortistas o directamente dirigirse personalmente a alguna de las mujeres para convencerles de no abortar o recriminar su decisión.

Desde marzo de 2022 esta persecución ya no es legal ya que se modificó el Código Penal para garantizar que las mujeres que elijan interrumpir su embarazo lo hagan en un entorno de "seguridad e intimidad" sin que se coarte su libertad ni integridad.

Entonces se añadió el artículo 172 a la Ley Orgánica 10/1995 que considera delito "obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosando a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".

Rezar, la forma para sortear la ley

Como dice el refrán, 'hecha la ley, hecha la trampa'. Los colectivos religiosos se han estudiado a conciencia la normativa y han descubierto cómo sortearla para poder seguir acudiendo casi cada día a los alrededores de estas clínicas: rezar.

Según recoge la Cadena SER, poniendo como ejemplo a la asociación '40 días por la vida', se organizan en grupos pequeños para ponerse frente a dichas clínicas y ponerse a rezar.

Se organizan mediante grupos de whatsapp para que haya gente casi a todas horas y tienen órdenes claras para evitar denuncias: no acercarse a las mujeres ni a las trabajadoras del centro.

Simplemente se ponen delante a rezar y a mirar a todas las que acuden a las clínicas. Además se organizan en grupos de menos de 19 personas para que así no tengan que solicitar autorización de la Administración.

Organizados para seguir presionando

Una de las voluntarias ha comentado a la SER que tienen directrices de "no expresar opiniones", simplemente rezar y observar. Aunque ha señalado que si una de ellas se acerca sí le dan información para evitar el aborto.

Ahora no las increpan como antes, pero sí las observan de forma notable y exhiben pancartas además de rezar.

Las asociaciones de clínicas abortivas consideran a esta práctica otra medida de presión igual que las de antaño, aunque amparada por la libertad religiosa.

El Código Penal castiga el acoso, los actos violentos, ofensivos, intimidatorios y coactivos que impidan la libertad de las mujeres para abortar, pero rezar no está prohibido y formar grupos de menos de 19 personas para orar en público, tampoco.

Los expertos jurídicos que ha consultado el citado medio coinciden en que es muy difícil demostrar ante un juez que esta presión es delito, pues se manifiestan de forma pacífica y alegan el derecho a la libertad religiosa.

La nueva normativa también posibilita que se abra una investigación al respecto sin que haya denuncia previa, lo que en teoría facilita la persecución de estos delitos.

Pero como ha detallado José Antonio Bosch, abogado de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), para probarlo ante un juez tendrían que declarar en algún momento las mujeres afectadas y confirmar que han visto vulnerada su libertad o que les han intentado coaccionar. Algo difícil de conseguir ya que para muchas es algo muy íntimo y no quieren darle protagonismo a su decisión.

Desde ACAI instan a las administraciones a poner más énfasis en resolver este asunto ya que, según su criterio, disponen de herramientas que, sin legislar, pueden evitar que ocurra, como llamar a la Policía Local o hacer uso de ciertas ordenanzas.

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