El Supremo corrige a la justicia madrileña y sienta en el banquillo al tuitero que se burló del pequeño Julen

Camilo de Ory escribió varios tuits en 2019 relacionados con la muerte del pequeño Julen, el niño que cayó a un pozo en el municipio de Totalán y que tras 13 días atrapado y pese a los intentos por agilizar su rescate, acabó muriendo.

El tuitero aprovechó el tema, que abrió portadas e informativos durante 2 semanas hasta que la Guardia Civil pudo rescatar el cuerpo del pequeño, para publicar una serie de mensajes que despertaron la indignación de muchos: "Cómo has podido caer tan bajo Julen", "hoy se guardará un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf” o "soluciones habitacionales Julen" son algunos de los más polémicos.

El asunto llegó hasta la Audiencia Provincial de Madrid, que sentó a Ory en el banquillo por un presunto delito contra la integridad moral. La Fiscalía pedía 18 meses de cárcel y la prohibición de utilizar las redes sociales durante toda la pena, mientras que la familia del afectado solicitaba 20 meses de prisión subrayando que se había producido un delito contra la dignidad de las personas.

Pero el tribunal falló a favor del acusado y desestimó el caso al entender que eran mensajes "sumamente reprobables", "vejatorios", "poco apropiados" e incluso "humillantes", pero que se necesitaba "algo más" para considerarse trato degradante.

El Supremo sí ve delito

Según ha adelantado la 'Cadena SER', el Tribunal Supremo no comparte la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y ha estimado que sí podría tratarse de un delito contra la integridad moral y ha avalado la apertura de juicio oral en el juzgado de instrucción.

La decisión cuenta también con el voto particular del juez Javier Hernández, quien no considera los hechos como constitutivos de delitos. Ha subrayado que pese a que los tuits "dicen muy poco" del respeto por la "humanidad" y del "respeto del dolor ajeno" por parte del emisor, no cree que su difusión en Twitter sea delito. A su juicio el daño moral podría repararse por la vía civil en términos "constitucionalmente proporcionales".