El pleno del Tribunal Constitucional no someterá a votación este martes el borrador que avala la ley trans, tras el rechazo frontal de 2 magistradas de la mayoría progresista.
Se trata de María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, reconocidas por su trayectoria feminista, consideran que la propuesta del ponente Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, requiere mayor elaboración.
Motivos de la discrepancia
Según fuentes próximas a las magistradas consultadas por la 'SER', el texto presenta varios problemas fundamentales.
Para empezar, estaría generando inseguridad jurídica en la aplicación del artículo 14 de la Constitución. Además, no ofrecería suficientes garantías para prevenir posibles fraudes.
Por último, se consideraría que carece de mecanismos adecuados para proteger a los menores en procesos de cambio de sexo
Las juristas cuestionan especialmente el principio de autodeterminación de género, argumentando que necesita un desarrollo normativo más preciso.
Ley trans en España
El borrador, que responde al recurso interpuesto por el PP contra la ley impulsada por Irene Montero, defiende que "el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres".
La Ley española para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como Ley trans, se aprobó el 16 de febrero de 2023.
Permitió la autodeterminación del género a partir de los 16 años, y prohibió las terapias de conversión en todo el territorio nacional. La ley especifica, además, en su artículo 46, la imposibilidad de eludir el régimen jurídico previo al cambio de sexo registral (por ejemplo, no es posible evadir una condena por violencia de género mediante un cambio de sexo legal en el registro).
Contexto internacional
Esta controversia se produce días después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido emitiera un fallo histórico el 16 de abril. Los 5 magistrados británicos determinaron que el término "mujer" en la legislación de igualdad debe interpretarse según el sexo biológico original, excluyendo así a las personas transgénero incluso cuando poseen certificado de reconocimiento de género.
La decisión, que zanjó 6 años de debate jurídico, generó reacciones encontradas entre defensores de los derechos trans y quienes valoran la clarificación legal.
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