Los sindicatos lamentaron que la reforma de la 'ley Mordaza' no haya salido adelante y que el texto aprobado en 2015 por el Partido Popular haya quedado intacto.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han mostrado su decepción ante el fracaso consumado este martes de la reforma de la 'Ley de Seguiridad Ciudadana. Ambas organizaciones han expresado su malestar porque los cambios en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, cuyo dictamen ha sido debatido y votado en contra en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, no hayan prosperado, con lo que el texto de la ley aprobada por el Partido Popular permanecerá intacto.
Además, esta formación sigue defendiendo la utilidad de esta norma e incluso ha habido dirigentes 'populares' que se han manifestado a favor recientemente. Como Esteban González Pons en Melilla, que marchó en apoyo a los sindicatos y organizaciones policiales en la ciudad portuaria.
Para los sindicatos más representativos, el hecho de que no haya sido posible llegar a un acuerdo por parte de los grupos que pretendían reformar la norma conllevará el mantenimiento de una ley sumamente lesiva para las libertades civiles y los derechos de la ciudadanía.
Si hubiera habido más tiempo, habría habido consenso
Sin embargo, desde UGT y CCOO aseguraron que aún había margen para la negociación y que la aprobación del dictamen en la Comisión de Interior hubiera dado más tiempo para buscar un consenso más amplio antes de su votación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja, donde se habría producido su aprobación o rechazo final debido al carácter orgánico de la ley.
Asimismo, tanto UGT como CCOO consideraron que los 4 puntos sobre los que giraban las negociaciones deberían haber sido objeto de una mayor ambición y flexibilidad por parte del Gobierno para alcanzar un acuerdo que permitiera continuar adelante con la reforma de la ley.
Según UGT y CCOO, al no haber progresado la reforma de la 'ley mordaza', se mantiene el texto que el PP impuso con su mayoría absoluta en 2015 en contra de los movimientos sociales, sindicales y del resto de fuerzas políticas de izquierda del arco parlamentario, en unos momentos de fuerte contestación social ante las medidas de recortes y austeridad impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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