La historia es la siguiente, resulta que los guardias civiles tienen la obligación de ser miembros de la Asociación de Socorros Mutuos y no tienen libertad para darse de baja. Es decir, que cada mes les retienen un porcentaje variable según el número de componentes del cuerpo que hubiesen fallecido. En el mes de septiembre la cuota fue de 4,14€ por el entierro de 118 socios y en octubre de 3,60€ por 120 fallecidos. Una suma que aplicada a no menos de 100.000 no deja de ser importante. En el 2001, momento en que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se barajaban cifras de 214 millones de pesetas. Hoy por hoy, si hacemos un cálculo en base a las últimas cuotas, podríamos estar hablando de que dicha asociación maneja al mes unos 400.000 euros o 66.500.000 de pesetas.
La cuantía a pagar es diferente cada mes ya que la asociación no dispone de capital fijo sino que retrae de las nominas de generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa (en activo o en la reserva) una cantidad dependiendo del número de miembros que hubieran fallecido.
El objetivo de la Asociación de Socorros Mutuos puede parecer no lucrativo, pero lo cierto es que parece estar al borde de la inutilidad y la legalidad. Se trata de un pago más caro que los seguros privados y que encima llega tarde, un mínimo de tres meses desde el momento del entierro. Por otro lado, también hay que señalar que la Asociación de Socorros Mutuos de la Guardia Civil no se acoge ni a la ley de asociaciones ni a la de seguros y por ello, se encuentra en un limbo jurídico en el que de manera privada y civil gestiona las nóminas de un cuerpo militar.
Según la
sentencia del Tribunal Supremo “
los asociados se encuentran en una situación en la que carecen de garantías en cuanto a las facultades que hay que reconocerles frente a la asociación como uno de los componentes del derecho fundamental de asociación”. Y como además reconoce que “
la Asociación de Socorros Mutuos de la Guardia Civil no se dirige a la consecución de fines de carácter público que tengan relevancia constitucional, respecto de los cuales, por otra parte, se haya acreditado que sin su adscripción forzosa se presente la imposibilidad, o al menos la dificultad de alcanzarlos en el tiempo actual”.
Una asociación obsoleta
Las críticas de los guardias civiles vienen de lejos, por ejemplo, ya en 2001,
Luis Zaragoza Campoamor, criticaba que se trata de una entidad obsoleta además de
“mala”, “
cara” y “
desordenada”.
En el artículo 15 del Reglamento se puntualiza sobre los derechos de la viuda del fallecido en estos términos: “
podrá ésta ser privada de aquéllos anticipadamente y a petición de su esposo, si por su mala conducta hubiera obligado al mismo a separarla de sí, o si ella le hubiera abandonado caprichosamente. El Jefe de su Tercio o Comandancia dispondrá se lleve a cabo una información conducente a comprobar la certeza de los hechos denunciados…”. Por otra parte, en el citado texto se establece una asimilación de las hijas solteras –una denominación que ya de por sí llama la atención- y viudas, independientemente de sus edades, con los hijos menores de edad.
Según Zaragoza, guardia civil retirado y abogado de los demandantes, se trata de un servicio “
malo” por el retraso en los pagos, “
caro” por la cuantía y
“descontrolado” ya que tal y como señala Zaragoza la Junta directiva (a la que no pueden elegir los miembros) es la que decidió invertir los millones de la Asociación Pro-Huérfanos en Gescartera.
Si (
No(
