Este matutino conoció que este material audiovisual llegó a manos de la comisión de investigadores encabezada por Rodolfo Mattarollo que envió la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al departamento de Pando.
La estatal TVB evitó difundir la presentación del video y los créditos “por razones de seguridad” de los autores de la filmación. Los segmentos difundidos muestran diferentes tomas y ángulos claramente captados por diferentes cámaras.
En un primer segmento, tomado en inmediaciones del puente Cachuelita, donde la maquinaria de la Prefectura pandina cavó una zanja, se escucha una voz que, según la producción de video, corresponde al vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokawa, quien conmina a los campesinos a retirarse por donde vinieron y una voz no identificada amenaza con disparar con “armas de verdad”.
En el material difundido también se identifica a Akito Franco, quien sería un funcionario prefectural, con un arma de fuego y disparando contra los campesinos, que intentan huir o protegerse detrás de una camioneta blanca.
El secretario general del Comité Cívico, Edberto Mayna, también pudo haber participado en ese evento, pues se lo ve en los interrogatorios a campesinos atrapados que son humillados por los autonomistas.
Un informe preliminar de la Unasur publicado el viernes responsabilizó a las autoridades locales por la masacre.
El video, de acuerdo con una analogía de la voz, atribuye al senador José Villavicencio una interpelación a un campesino herido que fue obligado a decir que había recibido un pago del alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra. El legislador, unos cuadros después, es mostrado junto al ex comandante de la Policía pandina Silvio Magarzo.
Otro dato revelador es que la producción señala al pastor evangélico Luis Alberto Rivera, por la comparación de imágenes y voces, como parte de los martirizadores. Incluso en una toma se le ve apuntar con una pistola a un indígena que es interrogado. Rivero murió al día siguiente en el aeropuerto Aníbal Arab con dos disparos de arma de fuego.
Este matutino trató de comunicarse con los supuestos implicados, pero no fue posible ubicarlos, porque la mayoría se encuentra en Brasilea, Brasil.
La situación en brasilea
Los más de 1.500 bolivianos que se encuentran en Brasilea, a diez minutos de camino desde Cobija, decidieron no retornar a Pando, aunque se haya suspendido el estado de sitio, por temor a ser detenidos por militares y policías.
En tanto, los confinados que se encuentran en el cuartel Bolívar de Viacha no retornaron a esta región hasta las 21.00 por razones que no fueron explicadas por el Poder Ejecutivo.
Al menos 15 ciudadanos pandinos debían ser trasladados a esa región porque la Constitución señala que, una vez concluido un estado de sitio, los detenidos son devueltos a los sitios donde fueron capturados. Ayer en la mañana hubo una reunión en Brasilea en la que los bolivianos analizaron la posibilidad de retornar a territorio boliviano, pero en la asamblea, celebrada en el coliseo de esa población, la mayoría expresó su desconfianza por la restitución de las garantías constitucionales después del levantamiento del estado de sitio que duró 72 días.
La resolución casi fue unánime: no volver a Pando hasta que pase el peligro de ser detenidos por las fuerzas del orden.
En la reunión participaron las familias que habitan hace dos meses en el coliseo de Brasilea y otras que conviven junto con familias brasileñas que las recibieron tras abandonar suelo boliviano. Uno de los argumentos que primaron para no retornar al país fue que el Gobierno no dio ninguna señal clara del cese de detenciones sino que reforzó su presencia con 1.500 militares y 200 policías.
Aunque la decisión fue asumida de forma conjunta, algunas familias no descartaron retornar a Pando porque ya se les acabaron los ahorros. Si bien tienen comida y techo otorgado por el Gobierno brasileño, sus bienes están en Bolivia.
De acuerdo con el reporte dado por los dirigentes de los “refugiados”, aunque realmente no todos tienen este beneficio, en esa localidad viven más de 1.500 bolivianos, de los que 50 familias viven en el coliseo Gimnasio Eduardo Lopez Pessoa, entregado recientemente por el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La cancha donde antes se jugaba fútbol de salón y voleibol ahora está repleta de carpas.
Empero, otros núcleos familiares están viviendo con hogares brasileños que les abrieron las puertas. Marialuz Bustillo, una boliviana que habita con una familia del país vecino, explicó que esta afinidad se debe a que varios cobijeños son descendientes de brasileños.
“Son muy hospitalarios los brasileños, ellos nos recibieron bien, en la casa que yo vivo me conocían antes porque yo compraba ropa en Brasilea”.
Esos nexos comerciales y laborales no son recientes, pues a ambas ciudades las separan diez minutos de camino y un puente internacional. Antes de la llamada “masacre de Porvenir”, cientos de pandinos entraban y retornaban de la ciudad brasileña. Los vecinos del otro país también hacían lo mismo.
La señora Bustillo dijo que tiene amigas y amigos de ese
país, por eso a muchas familias les fue fácil conseguir “asilo” en esas casas. Incluso hay algunos bolivianos que han conseguido trabajo en suelo brasileño como vendedores de ropa.
El Comando Amazónico funcionará desde 2009
En enero próximo iniciará sus operaciones el Comando Conjunto Amazónico de Pando, con 1.400 efectivos militares, quienes actualmente se encuentran en la ciudad de Cobija como parte del Plan de Seguridad Integral y de Orden Público que empezó a implementarse hoy en la jurisdicción territorial del departamento pandino.
La información la dio a conocer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien dijo que este comando tendrá como tarea principal evitar el saqueo de los recursos naturales de la región por parte de connacionales y de extranjeros que no cuentan con autorización oficial para la extracción de madera y otros productos.
Indicó que los militares que fueron a reforzar la seguridad y el control en Pando desde la aplicación del estado de sitio, 1.100 inicialmente y hace poco 300 más, permanecerán en este departamento y al año integrarán el Comando Amazónico.
“Este contingente militar permanecerá ahí destinado (en Pando) y los costos que representa su permanencia se aminoran sustancialmente porque los oficiales, suboficiales y sargentos son asalariados del Estado y la tropa será reclutada en la misma región”.
San Miguel anunció que paralelamente al Comando Amazónico comenzará a operar en Pando la Unidad de Operaciones Tácticas Policiales (UTOP) con 300 efectivos de la institución del orden, con lo que prácticamente se triplicará el contingente policial en la región.
En cuanto al estado de sitio, suspendido a las 00.00 de este domingo, el titular de la cartera de Defensa afirmó que la medida cumplió en gran medida la finalidad por la cual había sido dictada.
Defensa de cívicos recusa a juez
Los abogados defensores del ex jefe financiero del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) Gerardo Aliaga Paredes y del ex cajero de esa entidad Juan Marcelo Mejido Flores, acusados de peculado, recusaron ayer al juez cautelar Primero de Instrucción en lo Penal del distrito judicial de El Alto, Freddy Gutiérrez, porque supuestamente la autoridad tiene un interés político para favorecer con su fallo al Gobierno, que es la parte querellante.
Según el abogado de ambos detenidos, Carlos Frías, este recurso se fundamenta en que el juez no sería imparcial a la hora de tomar una decisión sobre la situación jurídica de sus defendidos. “Hay un interés político del Juez, debe haber imparcialidad de los jueces, se debe garantizar los derechos constitucionales y el debido proceso; en este caso no vemos eso”.
La situación legal de ambos imputados debía definirse ayer en la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de la ciudad de El Alto, adonde fue trasladado el caso después de que el Gobierno también recusara al juez cautelar Tercero de La Paz, Constancio Alcón, quien había sido sorteado para administrar el caso.
Como el Juez alteño aceptó el recurso de observación, los detenidos fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz a la espera de que la Corte Superior de La Paz designe a otro Juzgado para que pueda conocer la causa. Ambos ex funcionarios están acusados por el Ministerio de la Presidencia de la desaparición de más de seis millones de bolivianos de las arcas de la Prefectura pandina.
Las imágenes
Las tomas fueron captadas de diversos ángulos y con cámaras de diferente calidad óptica.
En el video se observan volquetas del Sedcam que intentar tumbar a dos camionetas.
Se escuchan frases como “metan bala a estos indios malditos” y se oyen ráfagas.
Si (
No(
