El delegado de Empleo en Cádiz ha acudido a la sede de Delphi en Puerto Real acompañado de un notario para dar fe de la advertencia dirigida a la empresa de automoción, que la pasada semana anunciaba por carta a sus trabajadores el "cierre ordenado de la planta".
El escrito recuerda a la firma norteamericana que "de acuerdo con la legislación laboral vigente", concretamente el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier planteamiento empresarial que conlleve despidos colectivos debe contar con autorización administrativa y debe venir acompañado de un 'Plan de Acompañamiento Social' que incluya medidas para "evitar o reducir los efectos del despido colectivos. Así como otras medidas de carácter paliativo".
El consejero de Empleo también recuerda a Delphi en su carta que existe un acuerdo alcanzado con la representación legal de los trabajadores, denominado Plan Industrial 2005-2010, que incluye compromisos de mantenimiento de empleo, y añade que la legislación laboral exige a la empresa que haga frente a sus "deberes de ocupación efectiva, abono de los salarios, cumplimiento de las obligaciones sociales y de todo tipo relacionadas con los trabajadores".
Por último, el escrito advierte a la empresa que la Consejería de Empleo, como autoridad laboral, se reserva "el ejercicio de las acciones legales oportunas o de cualquier índole en defensa de los derechos que la legislación atribuye a los trabajadores" y que los incumplimientos podrían ser constitutivos de un presunto delito recogido en el Código Penal contra los derechos de los trabajadores.
El consejero de Empleo ha explicado que se ha presentado este requerimiento debido a que la empresa no puede adoptar "de forma unilateral" medidas como el cierre "sin cumplir con sus obligaciones legales y sin presentar ninguna medida que amortigüe una decisión de este calado social".
Antonio Fernández aseguró que la firma del sector de la automoción sigue sin presentar ningún expediente de regulación de empleo en el que justifique su decisión y trasladó a los trabajadores el apoyo del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo.
Mientras tanto, los trabajadores de la empresa, ante el anuncio del posible cierre de la misma a primeros del próximo mes, siguen llevando a cabo movilizaciones y acciones de todo tipo en un desesperado intento de evitar lo que sería una catástrofe económica para más de mil familias y en general para toda la zona.
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