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Siete detenidos por las protestas en solidaridad con Grecia declaran este viernes

viernes 12 de diciembre de 2008, 13:48h
Las siete personas mayores de edad que fueron detenidas este miércoles por los altercados en Madrid en protesta por el joven muerto en Atenas se encuentran a disposición judicial y declararon este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla, según confirmó un portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Por su parte, los dos menores de edad que también fueron detenidos pasaron al Grupo de Menores (GRUME) y será la Fiscalía de Menores la que decida sobre su situación.
El Ayuntamiento de Madrid confirmó este viernes que los destrozos provocados por los manifestantes ascienden al menos a 14.000 euros: 6.000 por la rotura de la fachada de cristal, 5.000 por los uniformes de los agentes que resultaron dañados y 3.000 por la quema de contenedores y otros daños en el mobiliario urbano. A estos daños hay que sumar los provocados en varias entidades privadas, bancos, quioscos de la ONCE y de prensa.

Sobre este ataque, el secretario general del sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), Fernando Agüero, ha explicado a Efe que esas dependencias son "una ratonera", ya que se trata de un edificio de cuatro plantas con una única salida.

"Si se hubiese prendido fuego, por ejemplo porque hubieran tirado un cóctel molotov, hubiesen muerto todos los agentes", ha asegurado.

Agüero ha destacado que la CPPM y otros sindicatos han denunciado en varias ocasiones que las dependencias de la Policía Municipal de Madrid están en bajos y sótanos que son "ratoneras", pero los responsables del Ayuntamiento les han hecho "caso omiso".

Criticó la actuación del máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid, que según ha recordado es el alcalde, y del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, por lo que son los que deberían haber autorizado que la Policía actuase antes.

Ha relatado que los manifestantes quitaron tapas de las alcantarillas y las lanzaron contra la sede policial, causando numerosos destrozos. Agüero detalló que el protocolo establece que los grupos especiales sólo pueden actuar si lo autorizan "no los mandos intermedios de la Policía Municipal, sino sus máximos responsables".

"Estos políticos cobran 9.000 euros al mes y tienen que tener esa responsabilidad", añadió, y subrayó que el Ayuntamiento sube los impuestos pero "tiene a la Policía Municipal mal formada, mal equipada y mal ubicada".

Por su parte, el secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM), Demetrio Pérez, afirmó que los agentes que sufrieron al agresión "estuvieron vendidos" tras verse "desbordados", ya que los máximos responsables de la Policía Municipal no autorizaron que interviniesen los cuerpos especiales. Precisó que esos responsables son el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, y el coordinador general de Seguridad, Jesús Mora.

Relató que los agentes comunicaron la denominada "Clave 100", que significa que se necesita ayuda urgentemente, y en lugar de socorrerles "se les abandonó totalmente", en un momento en el que además la puerta trasera que hay en las dependencias policiales no se podía utilizar debido a unas obras.

Pérez recordó que la UPM presentó varios informes exigiendo que no se utilicen las dependencias de la calle Montera, ya que "es una locura" que los agentes trabajen en un lugar "sin las más mínimas medidas de seguridad". 
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