La autoridad regional explicó que desde el mismo momento en que se conoció que hubo víctimas fatales durante el desalojo de un centenar de obreros que mantenían tomada la planta, se giró la decisión de suspender a los funcionarios policiales y que fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.
Agregó que también han mantenido contactos con los familiares de los obreros fallecidos, a fin de coordinar las indemnizaciones que correspondieren.
"Es importante que Venezuela conozca que hemos tenido toda la intención de facilitar las investigaciones y quien sea el responsable de estos hechos pagará con todo el peso de la ley", aseveró.
Acotó que también investigarán a los empleados de un servicio de vigilancia privada que pudieron haber actuado también de manera irregular durante el procedimiento. Señaló que en la garita donde se encontraban se hallaron varias armas de fuego.
Un contingente policial intentó desalojar ayer a obreros que mantenían tomada la planta desde el 12 de enero. Durante el procedimiento, fallecieron Pedro Suárez Poito, de 23 años, y José Gabriel Marcano Hurtado, de 36 años.
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