Senador Ávila denuncia censura sobre su texto para sesión de caso Mirage

Producto de su participación en el Foro Social Mundial que se realiza en Brasil, el senador radical Nélson Ávila estipuló por escrito su intervención en la sesión especial del Congreso dedicada al caso por la compra de aviones Mirage.

La carta del parlamentario, uno de los primeros en denunciar irregularidades en la adquisición de los aviones, no fue leída en la sesión ya que no se produjo un acuerdo unánime para proceder con la lectura.

A continuación el detalle en extenso de la carta censurada en sesión del Senado sobre caso Miarge:

"Mi incursión en el “caso Mirage” arranca en 1997.  Fue en conversación reservada que sostuve con el Ministro de Defensa de ese momento, Edmundo Pérez Yoma.  Le puse al tanto de una información muy delicada que había recibido desde Bélgica.  Percibí en él  la incomodidad  que le producían cuestionamientos en  un  ámbito tan sensible como la probidad, en el área que él manejaba.  Sospeché que pensó en una reanudación de mis “hostilidades” a la Fuerza  Aérea. Al “rattán” y al proyecto “Atlas”, seguirían ahora los “Mirage”. Quizás por ese prejuicio,  transcurrió el tiempo, sin reacción alguna, pese a que la información suministrada era muy inquietante.

Dos o tres meses después,  concretamente el 7 de noviembre de 1998, Qué Pasa informó del tema en un consistente reportaje titulado “Pistas belgas”.  Confirmó todo lo que me había  llegado  a través de una persona cuya identidad me comprometí a no revelar, por razones más que obvias. Se trataba, de una fuente privilegiada por el nexo que le unía a un integrante del equipo que practicó el allanamiento al domicilio particular del general Jacques Lefebvre. En tal carácter,  le correspondió clasificar la información encontrada. El militar se suicidaría en marzo de 1995.

En una  de las  carpetas requisadas le  encontraron  documentos relacionados con la venta  a nuestro país de “20 aviones Mirage” de segunda mano, cuya “modernización” había sido un sonado escándalo.  En esos papeles secretos estaba la huella de los depósitos  a favor del llamado “dispositivo chileno”.  En lo que insistió mucho, la persona relacionada con este hallazgo, fue que Bélgica había “hecho la pérdida” de estos  aviones y la jugada consistía en poder venderlos a algún país en que se dieran las condiciones apetecidas.  Así,  todo  sería ganancia.

El 7 de enero de 1999 le entregué personalmente una carta al Ministro de Defensa, José  Florencio Guzmán.  En ella consigné, destacadas, las declaraciones judiciales obtenidas del general Lefebvre, antes  de su muerte.  Dijo: “Luego de las pesquisas a Europavia, el 3 de marzo de 1995, los documentos relativos a Chile han sido encontrados. Estos son confidenciales.  Su divulgación  en los medios sería catastrófica, ya que descubriría la red local  y nuestros agentes estarían en dificultades”. Claro que si el alto oficial belga hubiere sabido al ritmo en que funcionan nuestras instituciones, el sosiego le habría acompañado hasta la tumba.

El citado ministro Guzmán me contestó el 13 de enero de 1999, diciéndome que había  dispuesto “una investigación sumaria, a partir de los antecedentes que obran en la institución”.  En esa lógica, para el caso del Registro Civil, es como si el Ministro de Justicia, en vez de formular un requerimiento al Consejo de Defensa del Estado, se hubiere limitado a ordenar un sumario interno hecho por el equipo del ex Director del Servicio, señor Guillermo Arenas.  También, el Secretario de Estado pidió al Embajador Hugo Cubillos que informara detalladamente sobre el asunto.  Luego, me dio cuenta de ello en una misiva del 26 de enero de 1999.  Allí expone: “El abogado Spreutels expresó que a la fecha no existía ninguna investigación sobre la venta de aviones Mirage-Mirsip a Chile que estuviera radicada en los tribunales belgas”. La ingenua respuesta era formalmente correcta. Pero, el asunto no iba por ahí. En realidad,  todos los antecedentes se encontraban en la circunscripción de Liège, en el marco del proceso “Mirsip”. Específicamente, en la denuncia número 50.767 del 14 de mayo de 1997.

El 17 de enero de 1999 viajé a Bruselas, donde fui recibido en audiencia  especial por el juez Daniel Fransen y todo su equipo investigador.  Le pedí expresamente remitir un exhorto a Chile y así  formalizar el caso en nuestro país. Éso, permitía sacar de su  serena vigilia a las autoridades competentes.  Di cuenta de  todo lo obrado  por mí  hasta ese momento. Al magistrado le costaba entender que no se hubiese producido una actuación de oficio, vista la gravedad de la denuncia.  Y,
además, que nadie, aparte del que habla, se hubiera empeñado en tomar contacto con él.

En todo caso, algo muy importante quedó al desnudo. La coima, si bien se repartió en diversos paraísos fiscales, estaba dirigida a  quienes componían el llamado “dispositivo chileno”. Y así se hizo.  La generosa “lubricación” a los mecanismos de toma de decisiones, avanzó despejando todos los obstáculos “técnicos” de la más variada naturaleza. La tarea del Ministro en Visita entonces, debe medirse por su capacidad para completar la nómina y cuadrar la caja. Ni más ni menos.

Vi la necesidad de dejar un representante en Bélgica, por si  fuesen necesarios nuevos  contactos con el Juez, pero sobre todo para conseguir mayores antecedentes. Así fue como otorgué un poder simple con fecha  20 de enero de 1999 al abogado monsieur Tibault Bouvier de la ciudad de Namur.

El 29 del mismo mes y año  hice  entrega al ministro José Florencio Guzmán  de una carpeta con 15 documentos que obtuve en Bruselas, entre los cuales sólo menciono tres de los más relevantes:

-Declaración del general Lefebvre prestada al tribunal (folios 016077 al 82) en la cual éste admite que para lograr la operación de la venta de los Mirage a Chile se necesitaba “un dispositivo local” competente.

-Carta del mismo general donde designa como su único interlocutor a Francois de Smet, calificándolo de “pantalla” de Carlos Honzik, el negociador oficial.

-Denuncia  50.767 donde se describe el “procedimiento” para repartir  en Chile los 15 millones de dólares. Al final, concluyo: “La sola relación de los documentos ya citados, indica que estamos en
presencia de un hecho de corrupción de vastas proyecciones”.

Sugerí que el propio Ministerio se dirigiese al Consejo de Defensa del Estado, para darle mayor fuerza al asunto. Después, sostuve una entrevista con la Presidenta de dicho organismo señora Clara Szcaranski, a quien le expuse todo con lujo de detalles y le anticipé la pronta remisión de los sustentos correspondientes por parte del Ministro Guzmán.  Pero,  de modo informal  le entregué copia de lo más sustancioso. Al final,  ese valioso “dossier”, fue enviado nada más que a la FACH, porque el Ministerio de Defensa opera como la Superintendencia de Bancos: recibe y remite. Nada más. En esta oportunidad, ni siquiera eso lo hizo completo.

El Secretario de Estado en cuestión,  con tales antecedentes, en vez de aportar al esclarecimiento de los hechos en el sumario interno de la FACH, lo que hizo fue dar luces para precipitar el resultado en una dirección exactamente contraria. En ese momento,  no eran sólo personas individuales las involucradas, como lo sostiene el “Defensor Público de Palacio” Francisco Vidal, sino la FACH, institucionalmente. Ésto lo prueba el resultado de la “investigación” interna, la cual omitió un informe técnico sobre los aviones que habría echado por tierra la operación en marcha.

Importante también fue mi visita a la Office General de L’Aire (OGA), 33 Av. Champs Elysee 8, Paris. Mi intención era entrevistarme con el Secretario General, señor Philippe Verpilleux.  No fue posible.  Pero, un contacto casual e inesperado me ilustró sobre la “tecnología del soborno” que aplican los gestores en el negocio de las armas.  Éstos, elaboran una especie de mapa genealógico. Es decir, marcan las vías de la consanguinidad  para llegar al “punto neurálgico”.  Si surge una ocasión propicia, tocan al familiar  más “vulnerable”.  Desde luego, ya saben todo de él.  Están en condiciones de ubicarlo prestamente, me aclaró.

También intenté conversar con monsieur Felamare, de la compañía Dassault, constructora de los aviones y que estuvo a cargo de su “modernización” por encargo de Sabca.  Es decir, la misma firma que los vendió a Chile.  Se hizo la gestión a través del  embajador en Francia, Fabio Vio, pero sin éxito.

El 2004, después de numerosos esfuerzos fallidos por otorgar relevancia al tema, decidí solicitar un Ministro en Visita.  Ello, por las repercusiones públicas que auspiciosamente,  volvían a tener estos
hechos, gracias a la actuación  de la jueza Sandra Rojas y el posible viaje del magistrado a cargo de la investigación en Bélgica.

El 22 de abril entregué el documento. En el mismo hago notar la condición de “intermediario fantasma” que asumió el yerno del ex senador Ramón Vega, Bernardo Van Meer y la parte de la “coima” que recibió por su lobby familiar.  Debido a ese nexo, se hizo “representar” por el señor Francisco de Smet, a quien el propio Lefebvre calificó muy descarnadamente “pantalla de Carlos Honzik”.  Concluí,  señalando al señor Marcos Libedinsky, Presidente de la Corte Suprema  en ese
momento, que “sucesos de muchísima menor magnitud y relevancia han derivado en parlamentarios no sólo desaforados, sino que con sentencias ejemplificadoras en su contra”.

El señor Libedinsky, ni siquiera  se tomó la molestia de responder el oficio.  Confío en que  algún día sepamos sus motivos. En todo caso, hizo un valioso aporte a la impunidad, a través de la prescripción ya asegurada de los delitos.

En mayo de 2004, con una carta presentada por el entonces Presidente del Senado, Hernán Larraín, intenté una nueva  entrevista con el juez Fransen.  Esta vez todas las instancias se habían tornado  herméticas, por las derivaciones políticas que la investigación  estaba teniendo en Europa.  Lo de Chile,  era sólo una arista.  Aunque, en ningún caso menor.  De todos modos, entregué copia traducida al francés del documento ingresado en el máximo tribunal chileno.  Éste, desgraciadamente para el efecto buscado, lo presidía el señor Libedinsky.

Este caso ha representado para mí una gran decepción mirado desde una perspectiva institucional.  Pareciera que un espeso manto de impunidad se hubiere desplegado generosamente para tutelar  ciertos nombres. Según el Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas, en enero del
2004, la Comisión de Ética, presidida por el Senador Gabriel Valdés, habría manifestado lo siguiente: “el ex Comandante en Jefe de la FACH y actual Senador Designado Ramón Vega no cometió ningún acto reñido con su condición de parlamentario en la cuestionada compra de aviones
Mirage”.  Ello, sin sopesar antecedente alguno, en la más pura y desprejuiciada expresión de solidaridad corporativa.

Parafraseando a Voltaire, diría  que es peligroso tener razón cuando algunos omnipotentes están equivocados. De todos modos, he  oído que la perseverancia es invencible".