Las Escuelas Católicas dicen que adecuarán la 'Educación para la Ciudadanía' a su ideario

El presidente de la asociación de Escuelas Católicas de Madrid, Javier Agudo, indicó en la mañana de este martes que comparte el escepticismo y las "inquietudes" de la Conferencia Episcopal ante la asignatura, al considerar que los centros que la impartan "perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a sus alumnos una formación moral no elegida por sus padres".

Así, recordó que la asociación hizo pública su participación en la nota que emitieron los obispos para cuestionar la asignatura y anunciaron que "adecuaran" la asignatura de 'Educación para la Ciudadanía' a la moral católica que, al fin y al cabo, "es la educación que eligieron los padres" de los alumnos de los colegios católicos.

Asimismo, Agudo mostró su contrariedad por el contenido de las Instrucciones de la Consejería de Educación, recientemente publicadas, en las que, en su opinión, "no se rectifican dos mecanismos intervencionistas: la reserva de plazas escolares para hipotéticos alumnos que puedan presentarse a lo largo del año y la presentación obligatoria por las familias de las solicitudes de admisión en las oficinas administrativas, en lugar de presentar estas solicitudes en el propio centro".

Según Agudo, la reserva de plazas para alumnos que puedan llegar durante el curso suponen "un secuestro" de plazas para un alumnado incierto, quitando estas plazas para alumnos "que tienen derecho a cubrir estas vacantes". "Que la Consejería no haya incorporado la caducidad puede suponer que las Instrucciones de Educación devengan en ilegales, y por tanto, susceptibles a recursos e impugnaciones de los centros y las propias familias", explicó.

En cuanto a la presentación de solicitudes de admisión, Agudo advirtió de "una posible ilegalidad" de las instrucciones y lo que, según él, "es más grave", como es la "limitación de la relación entre familias y las escuelas". "Solicitamos a la Consejería de Educación que modifique las Instrucciones en estos dos puntos porque pueden plantear problemas legales, el menoscabo de la capacidad de elección de las familias y el intervencionismo de la Administración", pidió Agudo.

Asimismo, el presidente solicitó la concertación de nuevos centros educativos privados que suponen "un incuestionable ahorro del erario público" frente a los costes que a los contribuyentes suponen la creación de centros públicos. En concreto, reclamaron la concertación de centros de bachillerato, ya que, a su juicio, Madrid no puede ser una región de "segunda división" ante Islas Baleares y Comunidad Valenciana que se han comprometido a iniciar el proceso de concertación de estas enseñanzas.

Por otro lado, criticó "el agravio padecido" por la escuela concertada en esta legislatura en cuanto a la extensión del bilingüismo. "Es necesario que los concertados tengan idénticas condiciones de apoyo y financiación que las escuelas públicas para enseñar los idiomas", explicó.

Para concluir, Agudo recordó que el Gobierno regional debe establecer un diálogo "fluido y directo" con el sector de la educación concertada para así evitar "la posible presentación de acciones legales que pudieran interponerse y que podrían estimarse con cierta facilidad". En su opinión, la Comunidad de Madrid debe mejorar la normativa de admisión de alumnos, la normativa de convivencia e incorporar las mejoras de calidad de las escuelas públicas en los centros concertados.