Corrupciones a granel

   Este país tiene que acabar con la corrupción de una vez por todas. Si los presuntos implicados que saltan cada día, en cada rincón y de todos los partidos, no van a la cárcel, por lo menos, los ciudadanos tenemos que echarles de la vida pública con los votos. No se puede votar a un implicado en corrupción por muy presunto que sea. La menor sospecha  (desgraciadamente luego casi todas se confirman) aconseja no votar a ese candidato.

   Viene esto a cuento del último escándalo del Ayuntamiento de Alcaucín, en Málaga. El alcalde socialista, que ayer salió esposado del consistorio, había sido denunciado por Ecologistas en Acción más de ochenta veces ante la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desde el año 1998. Alertaban de desmanes urbanísticos del calibre de recalificaciones en suelo no urbanizable, casas a las que les crecían pisos y pisos sin licencia etc.

   El consejero del gobierno de Manuel Chaves archivó una tras otra sus denuncias y se vieron obligados a acudir a la fiscalía. La Junta dice ahora, como no, que siempre ha estado presta a colaborar con la justicia y relata sus múltiples inspecciones. No han debido ser muy diligentes puesto que ayer, "el compañero" de partido, alcalde de Alcaucín, fue detenido, junto a otras trece personas.

   Lo peor de esta historia no es que, una vez mas, empresarios de la construcción hayan pagado a cargos públicos para que miraran para otro lado mientras se destrozaba el pueblo. Lo peor es que los vecinos acudieran a la puerta del ayuntamiento para aplaudir al edil cuando salio para el cuartelillo y que le hayan elegido cinco veces por mayoría absoluta. Los vecinos también miraron para otro lado cuando las construcciones ilegales crecían como los hongos en barrancos, junto al castillo de la localidad o en zonas de parques y arbolado. Y siguieron votándole.

   Otro episodio en el que la Junta de Andalucía también se ha cubierto de gloria es en la licencia de obras para el detestable hotel del Algarrobico, en el Parque natural de Cabo de Gata. La fiscalía de Almería ha abierto diligencias a la Junta y al Ayuntamiento de Carbonera para averiguar si cometieron un delito de prevaricación autorizando la construcción de una mole semejante al mismo borde del mar. Según el juez que dictó la sentencia  de paralización , la obra "se ubica de forma clamorosa en un espacio protegido y no urbanizable".

   No es de recibo que las organizaciones ecologistas sean las únicas voces que defienden el litoral y el suelo común de las garras de unos corruptos a los que los ciudadanos ratifican una y otra vez en los cargos. Hay que limpiar la vida política, y hay que hacerlo entre todos.