Pemex evade su responsabilidad tras accidente: CNDH

Petróleos Mexicanos (Pemex) evade su responsabilidad por lo ocurrido el 23 de octubre de 2007 en el Golfo de Campeche, a bordo de la plataforma marina "Usumacinta", en donde perdieron la vida 22 personas y 68 más resultaron con lesiones, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al señalar que esta paraestatal no acepta la recomendación enviada por este organismo.

"Son infundados e insuficientes los motivos y explicaciones de la paraestatal para justificar el rechazo a la recomendación 14/2009 enviada", señala un comunicado de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la abierta contradicción entre el llamado hecho por el presidente de México, Felipe Calderón, para dar combate frontal a la impunidad y la actitud evasiva en que incurre la paraestatal Pemex para evitar asumir responsabilidades derivadas de su participación en este caso. 

La CNDH reiteró los principales señalamientos a los que llegó tras reunir evidencias de las irregularidades en materia de seguridad prevalecientes en la plataforma Usumacinta el día de los hechos, entre otras, que los que equipos de respiración autónomos se encontraban encadenados y amarrados. En su investigación, este organismo nacional detectó que las alarmas de emergencia nunca sonaron; que las puertas de los dormitorios estaban obstruidas; que los simulacros de seguridad en la plataforma se realizaban en forma incompleta; que las mandarinas (botes de emergencia) utilizados el día del accidente tenían las micas de las escotillas fijadas con pegamento de silicón, lo cual hizo que se inundaran al impacto de la marejada.

Las pruebas y los testimonios recabados y cuyo valor probatorio objeta Pemex, aclaró la CNDH, fueron adminiculados con otros medios de convicción y que sirvieron de base para acreditar las violaciones a los derechos humanos contenidas en la recomendación 14/2009.  La CNDH aseguró que la gravedad de los hechos -materia de esa recomendación-, en especial la pérdida de la vida de 22 trabajadores y  las afectaciones a 68 personas lesionadas, así como los resultantes daños patrimoniales configuran responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales que deben ser investigadas por las autoridades competentes a fin de evitar que los hechos y los presuntos responsables sean cobijados por la impunidad.