La fiscalía del Tribunal Supremo se opone "por el momento" al embargo y clausura de los bienes de las herriko tabernas decididos por la Sala Especial del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos por "no existir pruebas suficientes que acrediten su efectiva vinculación a los partidos políticos ilegalizados en su día".
La fiscalía, que considera "prematura" la decisión del Supremo, cuestiona el procedimiento empleado por la Sala Especial del alto tribunal sobre embargos de bienes, saldos y depósitos de las cuentas corrientes de las herriko tabernas y dice que debería "llevarlas a término con absoluto respeto de los principios de audiencia, contradicción y defensa" con el objetivo de no ocasionar la "indefensión" de los que aparecen como titulares.
Asimismo, la fiscalía cuestiona los informes de los liquidadores al asegurar que no pueden "ser considerados como instrumentos jurídicamente válidos que eximan de la práctica de la prueba tendente a demostrar la conexión entre la titularidad aparente y la real". "No cabe por tanto otorgar a una prueba pericial la eficacia de atribuir o negar la existencia de un determinado título de propiedad, lo que sólo podrá efectuarse a través de otro tipo de pruebas, que han de llevarse a cabo de manera individual", añade.
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