La Asamblea tendrá que aprobar la nueva Ley de Caja Madrid

Según explicó Ignacio González, se trata de evitar las discrepancias que en su momento planteó el Gobierno central y que motivaron el recurso ante el Tribunal Constitucional, que después suspendió la ley regional por considerar que los criterios de representatividad (el Ayuntamiento de Madrid perdía el 60% de su poder) no eran ajustados a derecho.

"Básicamente, lo que se hace es establecer un sistema de proporcionalidad directa a los fondos depositados para el cálculo de la representación de los municipios y de los distintos sectores", explicó González, quien además indicó que "se hacen tantas circunscripciones electorales como comunidades autónomas en función de los depósitos que existen en cada una de ellas". Además, no se limita el número de representantes en nombre de las corporaciones municipales y se cumplen las previsiones que estaban en el informe del Consejo de Estado al gobierno de la nación.

De este modo, considera que "se despeja cualquier duda sobre la inconstitucionalidad puesto que todos los aspectos controvertidos se derogan", tal y como exigía el Gobierno para dar su visto bueno. En su informe, el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid valora "positivamente" el nuevo proyecto de ley ya que "aporta seguridad jurídica y se evita una situación de incertidumbre que podrían perjudicar a una institución financiera muy importante de la Región".

El Ayuntamiento, vigilante
La Comunidad quiere que la Asamblea apruebe la legislación antes de acabar el período actual de sesiones, previamente a las vacaciones de verano, para que la ley se aplique al proceso electoral en marcha y en el que no quiere que Miguel Blesa renueve la presidencia de la entidad. El Ayuntamiento de Madrid ve bien estos cambios, pero Alberto Ruiz-Gallardón sigue sin dar su respaldo a la normativa.

A través de Manuel Cobo, su vicealcalde, ya ha advertido que la proporcionalidad no es el único punto de fricción, ya que sigue respaldado a Blesa como presidente y la nueva legislación haría prácticamente imposible su permanencia.