Las palabras son como las monedas, de tanto usarlas terminan perdiendo sus significaciones, sus relieves. Y nadie es capaz de identificarlas en su sentido originario, sirviendo tanto para decir una cosa como para sostener la contraria.
En política democrática el gobernante tiene en cierta medida un deber instructor, su función no es engañar al pueblo sino educarlo, enseñarle a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que se puede tolerar y lo que no se puede tolerar, entre lo que es lícito y lo que resulta legítimo. En eso justamente se diferencia un gobernante demócrata del que no lo es, el primero procura educar al pueblo incluso con su ejemplo, el segundo mantenerlo en la ignorancia para perpetuarse en el poder desde ella.
Convencidos de que nuestra tarea en las próximas elecciones se inscribe en los cometidos de los demócratas, aspiramos a convertir estas elecciones en un ejemplo de debate democrático sobre lo que significan dos palabras a las que el uso político cotidiano ha hecho perder sus relieves: EUROPA y CIUDADANÍA. Y lo haremos siempre desde una dimensión práctica, atendiendo a problemas concretos.
Europa ha sido durante muchos siglos una expresión geográfica. Sólo la Unión Europea ha conseguido convertirla en una realidad política de innegable éxito.
A la Unión Europea, y a sus precedentes, el Mercado Común y la Comunidad Económica Europea, debemos los europeos los grandes logros que han caracterizado las últimas décadas: la estabilidad política, la integración monetaria, los intercambios libres entre universidades, la protección de nuestros agricultores frente a los grandes imperios productores, las subvenciones a nuestras fabricas, la interpenetración económica que ha hecho posible la creación de un gran mercado de casi cuatrocientos millones de personas.
Pero el tiempo no perdona y la estabilidad está reservada sólo a aquellas instituciones que saben anticipar los cambios. Y la prueba más evidente es que la Unión política que más ha durado en el tiempo ha sido la constitución de los Estados Unidos, la que precisamente tiene más enmiendas, más incluso que el propio texto.
Por eso y habida cuenta que también en Europa, atravesamos tiempos de crisis, parece llegado el momento de afrontarla desde cambios que mantengan los logros del pasado evitando que los acontecimientos adversos deterioren entre los europeos, una idea de pertenencia colectiva que nos ha costado construir mucho.
La Europa que hasta ahora conocemos ha tenido un éxito extraordinario en integrar a los europeos sobre la base de facilitar el intercambio. Europa es una gigantesca unidad de intercambio en la que los hombres concurren libremente y sin fronteras, con sus productos, sus servicios, sus ideas y sus patrimonios. Y ello está garantizado por las Instituciones Europeas.
Pero los hechos de la actual crisis económica exigen algo más. Reclaman una acción colectiva que conserve nuestros niveles de bienestar y aprovechen las actuales circunstancias para consolidar sus posiciones, ampliando sus beneficios. Europa precisa recuperar mas como idea y como concepto, el viejo principio que ha hecho nuestro bienestar: el servicio público. Y es que si alguna realización práctica ha identificado a la ciudadanía europea durante muchas décadas, esa ha sido el servicio público.
Si comparamos a un europeo con cualquier otro ciudadano del mundo más afortunado o menos afortunado, las diferencias que los separan en nuestro favor se llaman: Agua limpia y abundante a precios moderados en todos los hogares, transporte colectivo seguro y fácil a todos los rincones, comunicaciones a costes razonables, medicina casi gratuita y de alta calidad, enseñanza pública o financiada con dinero público que hace iguales a todos en su proceso de formación, orden público confiado a policías profesionales que a diferencia de las seguridades privadas, protegen tanto al rico como al pobre.
Esos son los signos de la ciudadanía europea vistos en concreto y a todos y cada uno de esos signos les corresponde el honorable título de servicios públicos.
Ahora bien en los últimos años han comenzado a aparecer grietas en el horizonte. Se multiplican las seguridades privadas. Suben los precios del agua, la energía, las autopistas, las comunicaciones… sin que los ciudadanos vean a sus autoridades nacionales defenderlos frente a los abusos de los grandes emporios y poderes prestadores de esos servicios. Es como si lo público hubiera sido capturado por los que en su nombre nos prestan sus servicios.
No tenemos ante quien reclamar que no se nos cobre indebidamente, que se nos permita de verdad cambiar de número telefónico, que las facturas recojan con claridad lo que consumimos, que el precio del agua sea el que corresponda sin cánones abusivos, que recurrir contra un poder privado no represente una carga para el ciudadano.
Nada nos asegura que de la transposición de los acuerdos de Bolonia vaya a surgir una estructura de títulos que garantice su acceso a quien tiene recursos y a quien carece de ellos. Que nuestra medicina continúe siendo pública. Que nuestro seguridad esté asegurada por agentes del Estado. Que el acceso a los bienes de la informática no sea un beneficio económico para algunos.
Y aquí entra precisamente Europa. UPyD quiere que en Europa y en su próximo Parlamento se desarrolle toda una batería de medidas destinadas a garantizar esos servicios públicos que han construido la identidad europea. Servicios que son tan parte de nuestra idea de Europa como la moneda que garantiza nuestro banco central.
Servicios que, defendidos desde Europa, nos permitirán atajar la tendencia que en España comienza a amenazar con la reducción de las prestaciones, el aumento de los precios, la rebaja de las calidades, la desprotección de los usuarios. Que les hace enfrentarse con un entramado anónimo que convierte en estériles todas sus reclamaciones sobre su derecho al estudio, sobre su teléfono, sobre su recibo de luz, de agua, sobre su móvil, su ordenador, su tratamiento hospitalario o el uso de su autobús.
Ser ciudadano en Europa, para nosotros ha significado eso: garantía de los servicios públicos. Ahora que una crisis de enorme trascendencia pone al descubierto las flaquezas del sistema, debemos corregirlas garantizando al mismo tiempo que los cambios no se hacen a favor de aquellos propietarios de los servicios que, aunque a titulo de colaboradores del Estado, buscan su máximo beneficio. Y hacerlo desde Europa significa también y sobre todo garantizarlo para España.
Si (
No(
