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El presidente Evo Morales advirtió el miércoles que las relaciones de Bolivia con Perú se encuentran en “alto riesgo” después que el gobierno peruano diera asilo y refugio a tres ex ministros bolivianos.
“Estamos analizando seriamente estas actitudes del presidente Alan García y su gobierno (que) ponen en alto riesgo las relaciones diplomáticas con el pueblo y gobierno boliviano. Haremos las consultas correspondientes para ver seriamente esta provocación, agresión, del presidente Alan García hacia el pueblo boliviano”, dijo Morales en conferencia de prensa con medios internacionales.
El gobierno peruano otorgó asilo al ex ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Torres Obleas, y refugio a Mirtha Quevedo, ex ministra de Participación Popular, y a Javier Torres Goitia, ex ministro de Salud.
El mandatario boliviano calificó esas decisiones como una “provocación y una abierta agresión” y le pidió a su colega peruano revisarlas. A su vez mencionó que el gobierno se encuentra analizando las medidas a seguir.
Morales, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, dijo que “oportunamente se definirá” si se rompen relaciones diplomáticas o no con Perú.
Pero el mandatario aseveró que su homólogo Alan García defiende a delincuentes acusados de genocidio, tal como lo hacía el ex presidente de Estados Unidos, George W. Busch.
“En las épocas de las dictaduras militares en Latinoamérica el asilo o refugio era para defender los derechos humanos, ahora es para defender a los delincuentes (...) eso hace Alan García”, agregó el mandatario boliviano.
Las ex autoridades formaron parte del gabinete en el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que enfrentan un proceso por 63 muertes ocurridas durante protestas antigubernamentales en 2003, que ocasionó la caída del jefe de Estado.
En abril de 2006 la fiscalía imputó a Sánchez de Lozada y a 17 ex ministros, además de cinco ex jefes militares por los cargos de “genocidio en su modalidad de masacre sangrienta”. El inicio del juicio oral está fijado para el 18 de mayo.
Morales recordó que los roces con García datan desde hace tiempo pero ahora se complicaron porque estaría interfiriendo con la justicia boliviana.
La Corte Suprema de Justicia que ventilará el juicio suspendió una audiencia en miércoles para definir medidas preventivas en contra de otros encausados por un recurso que planteó Quevedo a través de sus abogados.
Sánchez de Lozada y los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague viven en Estados Unidos después que salieron de Bolivia en 2003.
En octubre de ese año miles de vecinos de la vecina ciudad de El Alto habían bloqueado el paso de combustibles a La Paz en rechazo a las políticas de Sánchez de Lozada quien mandó a los militares a desbaratar la protesta, lo que provocó las muertes.
Prudencia en Perú tras declaración de Morales de que rompería
La declaración del presidente Evo Morales de que Bolivia rompería relaciones diplomáticas con Perú por el amparo que dio a tres ex ministros bolivianos fue recibida con prudencia en Lima, donde el primer ministro atribuyó la amenaza como hecha en caliente y un grave error si se concreta.
"Perú y Bolivia no pueden vivir sin relaciones, hemos nacido del mismo tronco, la declaración supongo que ha sido hecha en caliente por la protección otorgada a los ex ministros bolivianos", dijo el primer ministro Yehude Simon.
"Somos hermanos de padre y madre, no somos hermanastros, tenemos una misma identidad cultural y origen andino, sería un gravísimo error de Bolivia romper relaciones entre hermanos", agregó.
"Le rogaría a Evo (Morales) que baje el tono de las declaraciones para mantener la relación histórica que hemos tenido", instó el primer ministro peruano.
"Lo respetamos como presidente de Bolivia, pero él debe respetar las decisiones peruanas", acotó Simon al justificar el asilo y refugio que Lima concedió a tres ex ministros del ex mandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada que iban a ser procesados la próxima semana por el llamado 'octubre negro' de 2003, donde murieron 60 personas en manifestaciones civiles.
El gobierno peruano ha enfatizado a través de Simon que parte de su política como país democrático es dar asilo a personas que no han participado en ningún crimen y que reclaman protección.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, había señalado el miércoles que Lima no ha recibido declaración oficial alguna de La Paz y que sobre el tema no hay nada más que lo dicho por el mandatario boliviano en plaza pública.
"No hemos sido informados oficialmente por Bolivia en ningún caso sobre el tema, en ningún momento hemos tenido comunicación del gobierno boliviano, lo que hemos recibido son expresiones hechas en la plaza pública por el presidente Morales que han sido transmitidas por la prensa", dijo el canciller desde Praga, donde asiste a una reunión de la Unión Europea con el Grupo de Rio.
La turbulencia surgió cuando Lima anunció los últimos días que otorgó asilo a Jorge Torres y luego concedió refugio a Mirtha Quevedo y a Javier Torres, ex ministros del ex presidente Sánchez de Lozada, inculpado -al igual que su gabinete- por la represión de la revuelta popular de 2003.
El ex canciller Diego García Sayán (2001-2003) sugirió seguir con la política de paños fríos de la cancillería y dejar que el tiempo se lleve las palabras.
"Hay que tomarla como una declaración de momento que no expresa una decisión de romper relaciones con el Perú porque no ha habido un acto hostil en la concesión de asilos", afirmó García Sayán, jurista integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"No hay que reaccionar frente a declaraciones sino frente a hechos", insistió el ex canciller citado por el diario El Comercio.
La prudencia peruana quedó de lado en el Congreso, donde el legislador oficialista Luis Gonzales Posada acusó a Morales de afectar la integración regional.
"El presidente de Bolivia juega a los fuegos artificiales, llama a su embajador, nos insulta. Pero lo sustantivo es que esa política afecta a la unidad y la integración regional", dijo el congresista citado por la agencia estatal Andina.
El legislador pidió respeto a las decisiones soberanas del Perú sobre su política de asilo, así como Lima respetó la negativa boliviana de extraditar al peruano Walter Chávez, ex asesor de Evo Morales, procesado por ser el presunto recaudador de la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
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