Democracia anómica en Bolivia

Los conflictos latentes y manifiestos en Bolivia, desde la guerra del agua en Cochabamba durante el año 2000 hasta hoy día, presentan un escenario que debilitó al Estado y la democracia. El país está demasiado dividido desde la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene serias dificultades para tomar decisiones políticas que sean respetadas por diferentes grupos porque sus iniciativas e intereses obedecen más a metas de corto plazo, sin mostrar una voluntad para asumir la consolidación de capacidades estatales en la negociación y el aprovechamiento de experiencias exitosas junto con criterios de equidad y visiones duraderas de largo aliento.

El Estado y la sociedad boliviana ingresaron en la oscura dinámica de la anomia; es decir, un ritmo donde cualquier ciudadano se acostumbró a vivir al borde del riesgo, la incertidumbre y la corrupción cotidiana, aceptando como normal la violación de derechos humanos, los abusos del poder y las tenebrosas explosiones de autoritarismo desde la sociedad civil por medio de sangrientos linchamientos. Estos problemas tienen raíces estructurales que se remontan directamente a las contradicciones de la estructura social donde la inseguridad institucional del sistema político, la dinámica inestable de la democracia, la pobreza y la crisis económica, tienen consecuencias que promueven todo tipo de confrontación, arbitrariedad en la interpretación del derecho y descomposición del Poder Judicial.

En un ambiente donde hay diferentes sectores divididos dispuestos a la eliminación directa del enemigo, cada actor tratará constantemente de afirmar su propia posición intentando convencer a los miembros de otros sectores de que sus acciones son legítimas. Por otra parte, los líderes de los grupos que se sienten perjudicados, como una gran mayoría de grupos urbanos marginales e indígenas, negarán aquella pretensión de legitimidad; en este caso, es importante el fortalecimiento de una autoridad nacional plenamente reconocida: el Estado en calidad de ente rector para la gestión exitosa de los conflictos públicos, de lo contrario se corre el riesgo de caer en peligrosas situaciones de “anomia social y política”. La disgregación de las instituciones en Bolivia está conduciendo a la naturalización del caos y a la aceptación de situaciones extremas.

La anomia significa, por lo tanto, estar ante un peligro permanente, sufrir una sensación de desconcierto y desorientación ante una multiplicidad de normas opuestas y contradictorias donde cualquier grupo o institución puede reaccionar de manera inesperada afectando los intereses colectivos y dañando seriamente a otros grupos; de esta forma se generan las mejores condiciones para el estallido de la violencia por desesperación, oportunismo o supervivencia.

El Estado es una autoridad despreciada por gran pare de la población, primero porque los pobres no reciben la protección esperada, y segundo porque las élites y los aprovechadores del poder, han manipulado las estructuras estatales hasta destruir las orientaciones más mínimas. La “dispersión” de las normas y el enfrentamiento entre diferentes actores social-corporativos e institucionales que se mueven en el sistema democrático, muestran una estructura institucional donde es fundamental reconocer la necesidad de coordinar e integrar de manera armónica diferentes regulaciones, leyes y capacidades gerenciales para reducir la dispersión y aquellas visiones parcializadas que son particularmente negativas, inclusive con una nueva Constitución Política que habiéndose promulgado, es el engaño más vil de la izquierda y los indianistas, quienes adoran la democracia anómica.