El boicot del PP contra el Grupo Prisa tiene antecedentes en Cantabria. Desde hace tres años la dirección de los populares de Cantabria tiene acordado que ningún cargo público del partido acuda a los programas de la televisión local Tele Bahia. A pesar de lo cual las actividades partidarias de ese partido han tenido y tienen amplio espacio en los informativos de la cadena. No nos sirve de consuelo que tras haber sido pioneros en ser censurados ahora nos acompañen en el bando de los ‘malos’ medios de tanto peso como los que integran el grupo editorial que preside Jesús de Polanco. Y es que está por ver si ser vetados por el PP es malo para el vetado o malo para el vetador.
En honor a la verdad deberíamos precisar que la decisión adoptada por la dirección del PP cántabro de impedir la presencia de dirigentes y cargos públicos en los programas de Tele Bahía no se ha cumplido a rajatabla. Alcaldes, militantes cualificados y algunos otros cargos públicos, pocos pero muy significativos, han desoído las órdenes. Como director de esa cadena de televisión local desde hace un año puedo afirmar que tanto directamente en conversaciones personales y telefónicas con el actual presidente popular, Ignacio Diego, como indirectamente por medio de dirigentes del PP y personas con influencia en ese partido, amigos personales desde hace años, he intentado poner fin a una situación que a nadie beneficia y menos que nadie a los espectadores de la telvisión local líder de audiencia en Cantabria según el Estaduo General de Medios. Reconozco haber fracasado.
La decisión en contra de Tele Bahia no se comunicó a la opinión pública como si ha hecho ahora la organización conservadora en el ámbito nacional. Quizás porque algunos pensaron que se trataba de una más de las ventoleras del dirigente del partido y alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, que fue quien lo propuso. Es más, ciertos dirigentes populares confesaban en privado su desacuerdo con la medida y aseguraban que sería revocada con el cambio de equipo dirigente. Pero el equipo mudó, llegaron los nuevos aires que, supuestamente representaba Diego, pero el veto se mantuvo.
A lo largo de estos años han sido numerosas las invitaciones cursadas a dirigentes del PP para participar en debates, foros, programas informativos o de divertimento. La respuesta fue siempre la misma: hay un veto a y mientras no se revoque ningún cargo público acudirá a Tele Bahía. En los últimos tiempos a los pocos que han tenido la osadía de ignorar el veto se les ha llamado al orden e incluso amenazado.
Las razones del veto son eminentemente políticas. Para el PP Tele Bahía es una televisión demasiado próxima al Gobierno regional lo que, en su opinión, la invalida como soporte para su presencias. Pero, contradictoriamente, ello no ha sido óbice para ponerse ante sus micrófonos a la primera ocasión. Es más, y durante el intento del PP de mezclar a Tele Bahía y a su propietario, con el presidente de Cantabria y presuntos tratos de favor, ni una sola de las conferencias de Prensa de Diego fue desatendida, como tampoco sus comparecencias en los juzgados y ante el Parlamento.
No es frecuente que un medio de comunicación acepte que desde sus páginas y ondas se lancen ataques contra sus propietarios, Pues bien, en Tele Bahia se hizo y no una sola vez. Este especial cuidado con el derecho a la información de los cántabros me fue reconocido personalmente por Diego, que, sin embargo, mantuvo el veto por ser una decisión ya tomada.
El presidente regional del PP había intentado durante el procedimiento judicial por la querella por injurias y calumnias que le interpuso el presidente regional. Miguel Ángel Revilla, situar a Tele Bahia en medio de la tormenta. A sabiendas de que la única vinculación entre el asunto motivo de la acción judicial y la televisión local era que el propietario de esta era el ‘amigo’ de Revilla al que se acusaba de haber recibido trato de favor, intentó, sin éxito todo hay que decirlo, meter de rondón a la televisión en el asunto judicial. El juez instructor y la fiscal no aceptarían, finalmente, la petición de que se aportará al sumario documentación relativa a un medio de comunicación que da empleo a 40 personas.
No fue el único intento de ir en contra de Tele Bahia. Por supuesto que ninguna de las campañas de aquellas instituciones que controlan o la publicidad partidaria electorale han llegado al medio de comunicación citado. Pero no hay queja. Un partido, en un sistema democrático, está en su derecho de anunciarse allá donde quiera y cómo quiera. Como un medio de comunicación está en su derecho de informar con más cercanía o menos, con mayor o menos simpatía, dependiendo de cuál sea su línea editorial, sobre unos partidos u otros.
Lo que nunca puede hacer un partido político es vetar a un medio de comunicación. Y lo que nunca debe hacer un medio de comunicación es mentir sobre un partido. Es más si un partido considera que una información que le afecta es falsa tiene medios de sobra en sus manos, judiciales por supuesto, para lograr la rectificación debida. Pero que no te guste lo que se cuenta no quiere decir que sea falso. Vetar a aquellos medios cuyas informaciones no son del agrado de un partido, de un sindicato, de cualesquiera organización o institución, es atentar contra la libertad de expresión que garantiza la opinión plural. Es un chantaje mediante el cual se intenta doblegar la libertad ejerciendo presión sobre ciudadanos, accionistas y anunciantes.
Cantabria ha sido, desgraciadamente, pionera en la censura a los medios de comunicación. Fue a finales de los ochenta y el hecho lo protagonizó el entonces presidente de Cantabria, elegido en las listas del PP, Juan Hormaechea. Su enfado con el diario Alerta, en aquellos tiempos declaradamente pro socialista, le llevó a decretar la prohibición a los periodistas del citado periódico a acudir a las conferencias de Prensa del Gobierno. Los directores de todos los medios de comunicación de Cantabria forzaron una reunión con Hormaechea y este reculó. Dijo que rea un malentendido y como los grandes cobardes echó la culpa de todo a un subalterno. El veto decayó, aunque Alerta siguió sin ver un duro de publicidad institucional, dirigida toda ella al medio de tendencia conservadorade entonces y de ahora, El Diario Montañés.
Les recuerdo este hecho porque algunos personajes de la trama son los mismos. Por ejemplo el prohibidor Piñeiro, que era, cuando se produjo el incidente con Alerta, consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Cantabria. Y es el mismo partido que dio respaldo a la decisión de Hormaechea, aunque luego renegaran de él tres veces para volver a acogerlo cuando vieron que en las urnas pesaba más que ellos, el que en Cantabria y en Madrid ha decidido declarar la guerra a los medios de comunicación que no le son gratos.
Y termino con otro antecedente o precedente. Porque las palabras de Polanco que tanto ha ofendido a Rajoy, en el sentido de que vivimos "en unos momentos en los que hay quien desea volver a la guerra civil", con el añadido de no ocultar sus temores de que la derecha gane unas elecciones generales: "Si estos señores recuperan el poder van a venir con unas ganas de revancha que a mí, personalmente, me dan mucho miedo", dijo el presidente del Grupo Prisa, son casi las mismas palabras pronunciadas por Revilla tras su entrevista con Zapatero el pasado mes de enero. Declaraciones que, como todos ustedes amigos lectores recordarán, provocaron una airada reacción del PP, que incluso llevó el asunto al Parlamento, aunque no pudieron callar ni vetar al presidente regional.
Las palabras pronunciadas por Polanco son opiniones de un empresario que ejerce su derecho a la libertad de expresión. No son ni con mucho lo que informativamente o editorialmente vienen defendiendo los medios del Grupo Prisa. Es mas, son cientos los militantes y dirigentes del PP que de forma habitual o esporádica tienen presencia en televisiones radios y periódicos, repartidos por toda España, propiedad del grupo editorial que lidera el empresario vinculado a Cantabria. Si la ofensa es con Polanco ¿por qué no pedirle una rectificación? Incluso de haberle dado una cumplida respuesta, a buen seguro habría encontrado sitio informativo en los medios del Grupo. Posiblemente la individualización del problema no se da porque no se trata tanto de reaccionar ante la ofensa, como de lanzar una ofensiva contra los medios que no son afectos a la ‘causa’.
No olvidemos que el PP ya intentó cuando gobernaba España acabar con el Grupo Prisa y meter a Polanco en la cárcel. No lo lograron entonces y no lo lograrán ahora tampoco. No al menos con mi silencio y espero que también hablen ustedes, amigos lectores. Mi defensa de Prisa no es ni porque sea accionista del Grupo, que no lo soy, ni porque esté en nómina, que si esuve, pero a principios de los años ochenta. Se trata simplemente de ser coherente con los esfuerzos hechos para lograr unos medios de comunicación libres y sin ataduras. Un esfuerzo con altos niveles de coste personal y colecivo como para permitir ahora que un partido, por importante en militantes y votos que sea, ponga en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información. Hasta ahí podríamos llegar.
Si (
No(
