Por su parte, Zuloaga anunció este jueves que demandará "por difamación y acusaciones sin ningún fundamento" a los distintos funcionarios gubernamentales que se han referido al caso públicamente y lo han acusado de "acaparamiento y usura".
La detección de una veintena de automóviles nuevos en una residencia de Zuloaga, ubicada en Caracas, fue catalogada ayer por el ministro de Comercio, Eduardo Samán, como una presunta "burbuja financiera" en la compraventa de vehículos que se registra en el país y que sería la responsable de la escasez de unidades en el mercado local.
En un comunicado, la Fiscalía informó que citó a Zuloaga para el próximo 4 de junio a las 9.00 hora local (13.30 GMT) para imputarlo por el presunto "almacenamiento irregular de 24 vehículos".
Esos automóviles fueron "localizados durante un allanamiento el pasado 21 de mayo en una casa propiedad" de Zuloaga ubicada en la urbanización Los Chorros, en el este caraqueño, precisó el comunicado oficial.
El allanamiento, realizado en horas de la noche del 21 de mayo pasado, fue transmitido en vivo por Globovisión y por la estatal VTV, y la representante legal de Zuloaga, la abogada Perla Jaimes, denunció entonces presuntas irregularidades durante el proceso.
En ese sentido, la fiscal General, Luisa Estela Díaz, afirmó que durante el allanamiento se registró una "conducta de presunta obstrucción a la justicia" por parte de personas que no identificó, que podría acarrear sanciones a los presuntos responsables, según el comunicado de la Fiscalía.
Por su parte, Zuloaga dijo este jueves que irá a los "tribunales contra todos esos funcionarios y empleados públicos pagados con dinero de los venezolanos que se han dedicado a utilizar el tiempo y el espacio de los medios de comunicación para insultarnos y acusarnos a nosotros de cosas sin ninguna base".
Reiteró que los 24 vehículos aparcados en su propiedad de Los Chorros, que permanecen detenidos en la policía tras el allanamiento, tienen toda la documentación legal que corrobora que pertenecen a dos distribuidores de su propiedad.
El empresario negó las denuncias del ministro Samán de que esos vehículos permanecían estacionados para "engordarles" el precio y obtener ganancias de hasta un 100 por ciento en su venta al público.
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