Boicot a la Ley de Dependencia

La llamada Ley de Dependencia entró en vigor hace más de dos años. En Andalucía un 3 por ciento de la población ha solicitado la valoración para beneficiarse de la misma. En Cantabria, el 2,5 por ciento. La media nacional se encuentra en el 2 por ciento. En Madrid sólo el 0,66 por ciento. Somos, con 41.515 personas solicitantes, la última comunidad autónoma en aplicación de la ley.

La ley es compleja, pero no tiene explicación alguna que seamos, de lejos, la comunidad con menor implantación de la misma, de no ser por el bloqueo del Gobierno Aguirre, la falta de voluntad política y la utilización partidista contra la aplicación de una Ley del Estado, aún aprobada con el consenso del PP.

Los sindicatos CCOO y UGT pusimos mucha voluntad y esfuerzo negociador para que la ley saliera adelante. Son muchas personas y familias trabajadoras las que deberían beneficiarse del nuevo derecho subjetivo establecido por la Ley de Atención a las Situaciones de Dependencia.

No tiene explicación alguna que ya llevemos tres órdenes reguladoras del procedimiento para acceder al derecho y a las prestaciones y servicios establecidos por la ley. Órdenes a cada cual más restrictiva. El efecto es un retraso notable que hace que algunos de los primeros solicitantes lleven más de dos años esperando su Plan Individual de Atención, sin el cual no hay prestación ni servicio.

A esta situación hay que sumarle la opción “ideológica” del Gobierno Aguirre de dar cheques en lugar de servicios. Así, lo que debería ser una prestación económica excepcional, según la ley, se convierte en la norma. En lugar de incrementar la ayuda a domicilio, las plazas en centro de día o de noche, en residencias, se pagan unas perrillas y que la familia se busque la vida.

El efecto es que una ley que iba a crear empleo estable, cualificado y de calidad, se salda en Madrid con la pérdida de empleo neto en el sector de atención a la dependencia. En tiempos de crisis, cuando estos nuevos empleos podrían paliar el aumento del desempleo en otros sectores. En tiempo de crisis, cuando el reforzamiento de los servicios sociales para asegurar la cohesión social es más necesario que nunca.

Una región que no atiende a sus mayores y a las personas con discapacidad no es excelente, ni moderna, ni puede presumir de ser el motor de nada, ni en lo económico, ni en lo social.

Entretenida como está, nuestra presidenta, en cuitas partidistas internas y externas. Distraída en perseguir sindicalistas “liberados”, nuestra primera liberada política, con un sueldo millonario que no llega a fin de mes, descuida su trabajo como servidora pública y condena a cientos de miles de personas a verse privadas del derecho personal establecido por ley a ver atendida su situación de dependencia.

Siempre quedará el recurso, no obstante, a insistir en que la culpa es de Zapatero. Que ponga él el dinero y argumentos similares. Pero las cosas son como son, en la clase de las 17 comunidades autónomas, Madrid se encuentra en la última posición.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid