Los cinco consejeros del CSN (dos a propuesta del PSOE, dos del PP y uno de CiU) han concluido este viernes el informe definitivo sobre la prórroga solicitada por el titular de la instalación nuclear, y han registrado el mismo en el Ministerio de Industria.
Sin embargo, la presidenta del CSN, la socialista Carmen Martínez Ten, no entregará en mano el informe al ministro de Industria, Miguel Sebastián, hasta el próximo lunes, y a continuación comparecerá ante los medios de comunicación, junto al resto de consejeros, para presentar el contenido y los detalles del dictamen.
La prórroga "limitada" del funcionamiento de la central burgalesa podría seguir un esquema similar al de la central José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que cerró en 2006.
Apagón informativo
El 'apagón informativo' se debe a que el CSN no ha querido interferir en el proceso electoral y para evitar que el electorado socialista pudiera verse defraudado por la 'luz verde' a la central.
El portavoz de la Campaña Antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, denunció en declaraciones a Europa Press que la decisión de renovar la licencia de operación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) durante 10 años más se produjo el pasado mes de febrero por un acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que definió como un "organismo pronuclear de toda la vida" y el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
Así, Bravo calificó de "lamentable" el dictámen favorable a instalación burgalesa remitido por el organismo regulador al ministerio de Industria, al tiempo que afirmó que tal dictamen no se basa en criterios técnicos sino estrictamente "políticos".
El representante de Greenpeace, reconoció acoger la noticia "sin sorpresa alguna" y, en ese sentido, recordó que ya en febrero Greenpeace denunció públicamente en un acto celebrado en Vitoria que el CSN ya había tomado una decisión "puramente política, no técnica", con la "connivencia" de Miguel Sebastián.
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