Horror en Bagua

En primer lugar, mis condolencias a la Policía Nacional del Perú y los familiares de los efectivos vilmente asesinados.

La masacre ocurrida en Bagua y zonas aledañas, no tiene precedentes en la historia del Perú. No voy a ocuparme ahora de la huelga indígena, de los errores políticos del gobierno, de la insensatez de Alberto Pizango y los dirigentes de AIDESEP, sino del asesinato de 20 policías (es el número que consigna la página web de El Comercio al momento de redactar este artículo).

 Jamás en un problema de orden público habían muerto tantos policías. Según las informaciones disponibles, varios de ellos fueron secuestrados por los nativos y luego asesinados. Con las armas que les robaron, fusiles AKM según las versiones policiales, los nativos mataron a más policías.

 Muchos de los nativos de esa región han servido en el Ejército –sobre todo desde el conflicto con Ecuador en 1995-, saben manejar armas y conocen tácticas militares. ¿Se necesita tener un súper servicio de inteligencia, los recursos de la CIA o la KGB para darse cuenta de una cuestión tan elemental?

¿Qué órdenes tenían los policías cuando fueron a despejar la carretera armados con fusiles? ¿Por qué se rindieron y entregaron armas tan potentes? Si no iban a usar esas armas ¿para qué las llevaron?

 Para despejar una carretera se requieren gases lacrimógenos y, sobre todo, escopetas con cartuchos de perdigones de goma, no letales. Eventualmente, si están disponibles, vehículos de blindaje ligero y, en ciertos casos, helicópteros.

 Algunos policías deben portar armas de fuego, por supuesto, para el caso de ser agredidos con armas similares (como pasó en febrero en Pómac, otra muestra de improvisación e incompetencia).

Pero esos policías tienen que ser comandados por oficiales competentes y decididos, y tienen que tener instrucciones precisas: jamás deben dejarse arrebatar las armas por manifestantes. Si una turba intenta secuestrarlos, deben hacer uso de las armas.

En Bagua y la estación N° 6, los policías al parecer fueron enviados al matadero, sin órdenes precisas y sin mandos adecuados.

La ministra Mercedes Cabanillas desde el comienzo de la huelga indígena, el 9 de abril, zafó el cuerpo. No dijo una palabra. No protegió a tiempo las estaciones de Petro Perú, objetivos ineludibles de los nativos en las huelgas de los últimos años. No despejó las carreteras cuando todavía no eran muchos los bloqueadores.

Es decir, permitió que la situación se fuera deteriorando y los huelguistas ganaran confianza.

No fue casualidad. Cabanillas tenía como objetivo aumentar su popularidad en Interior con algunas medidas efectistas, pasar al Premierato y candidatear el 2011. Para eso había que evitarse problemas.

Por ejemplo, no pelearse con los nativos ni con  nadie. Eso puede restar puntos en las encuestas.

Hasta que, al final, presionada por Alan García, tuvo que intervenir, dando órdenes confusas y tratando de no “quemarse”. El resultado es el desastre sin precedentes que ha ocurrido.

Cabanillas, por supuesto, no asume su responsabilidad. Le echará la culpa a cualquiera, como hacía su antecesor Luis Alva Castro.

Los ayayeros, franeleros y mermeleros que tiene el gobierno en los medios de comunicación, ya han llamado a darle un respaldo incondicional a Cabanillas y otros responsables de la hecatombe. Sólo ellos lo van a hacer.

Eso sí, en el Congreso, Cabanillas no va a tener problemas. Ella ha sido presidenta del Parlamento, ha otorgado prebendas y beneficios, y sabe cómo comprar, amedrentar o extorsionar a sus colegas.

El presidente García la va a respaldar, de la boca para afuera. Pero en el Apra, sus adversarios, cuchilleros como ella, ya se frotan las manos y se preparan para aporrearla.

En la Policía, donde ha cundido la desmoralización y la desconfianza desde hace tiempo (“moqueguazo”, Pómac, etc.), este monumental descalabro va agudizar el escepticismo, el temor y el desgobierno.