Un grupo de periodistas, del canal de televisión Teleamazonas, iniciaron acciones de protesta para advertirle al país y al mundo que “la libertad de expresión está en peligro” en el Ecuador.
El comité fue creado tras los dos procesos administrativos impulsados por parte del gobierno de Rafael Correa contra Teleamazonas y el anuncio de un tercero que busca el cierre definitivo de la televisora.
En el primer proceso Teleamazonas fue multado con 20 dólares por parte del Consejo Nacioinal de Radio y Televisión (Conartel) por la transmisión de alrededor de un minuto de imágenes taurinas en horario no permitido.
El segundo proceso que se lleva a acabo y por el cual se espera la probable sanción contra Teleamazonas es por la transmisión en vivo de la irrupción a un centro de cómputo, por parte de líderes políticos de Madera de Guerrero, que facilitaba el conocimiento de los datos de las elecciones generales del 26 de abril. En el lugar había efectivamente un centro de computo que estaba conectado con el centro del Consejo Nacional Electoral y donde no había representantes de los partidos políticos; Teleamazonas transmitió en vivo la irrupción.
Sobre este hecho el Gobierno argumenta que el centro no era clandestino y, que la transmisión es una violación a la ley que prohíbe a los medios cubrir noticias basadas en supuestos.
Según explicó el vocero del comité, Carlos Jijón, el Conartel ha pedido a la Superintendencia de Telecomunicaciones que la segunda sanción el canal sea cerrado por 90 días. “Este cierre temporal va a representar la quiebra del canal porque quitarle a una empresa el 25 por ciento de sus ingresos anuales lo llevara a la quiebra”, reiteró.
Los periodistas sostienen que el proceso es inconstitucional porque se pretende con una norma o reglamento institucional juzgar y sancionar al canal sin tomar en cuenta el mandato constitucional que establece los derechos de la comunicación y la información.
Para los periodistas de Teleamazonas, lo verdaderamente preocupante es el anuncio del tercer proceso que desembocaría en la reversión definitiva de la frecuencia al Estado.
Este proceso sería iniciado por pedido del Gobierno sobre la base de un reportaje de Teleamazonas en la isla Puná y el impacto que tendrían las labores que efectúa la petrolera venezolana PDVSA para la exploración y explotación de gas natural.
Tras el reportaje de Teleamazonas, argumenta el Gobierno, los habitantes de la zona se tomaron las instalaciones de la petrolera y un taladro de perforación para impedir la inauguración del proyecto por parte de Correa y su homólogo venezolano, Hugo Chávez.
Los periodistas argumentan que fue un habitante de la zona, el que expresó su preocupación de que el sistema ecológico y la pesca puedan afectarse. “Este es el problema mas emblemático porque no se está coartando la libertad de expresión de Teleamazonas, sino la libertad de expresión de los ciudadanos, de unos pescadores que expresaron su preocupación por Teleamazonas”, dijo Jijón.
“Si se concreta la sanción por este hecho, los medios en el futuro tendrán la preocupación de difundir el criterio de las persona […] porque pueden ser cerrados”, alertó.
700 puestos de trabajo se verían afectados de tomar la decisión de cerrar la estación televisora dentro de los cuales están inmersos cerca de 40 periodistas.
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