Desde el primer momento los técnicos de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, determinarán cuáles son las acciones más urgentes de su programa individual de ejecución de medidas.
Así, según adelantó este jueves la directora de la ARRMI, Carmen Balfagón, en la clausura del monográfico 'Violencia en el contexto familiar: menores que agreden a sus padres', los técnicos darán un paso más para reforzar la atención específica a los jóvenes infractores madrileños. De esta forma, además de proponer al juez los aspectos que se trabajarán a lo largo del proceso de reeducación y reinserción del joven, se sugerirán las necesidades "más urgentes" en ese mismo informe.
"Por ejemplo, si un menor infractor necesita sostener económicamente a su familia, se destacará que lo más urgente es acceder a un empleo, además de otros aspectos que habrá que trabajar con él", explicó Balfagón.
Estos apartados pueden ir desde reforzar sus capacidades empáticas hasta potenciar su formación académica. "Se trata de ajustar lo más posible la atención individualizada a cada chico, porque cada uno es un mundo", añadió la directora.
La ARRMI, desde su creación hace cinco años, ya ha puesto en marcha un programa de especialización de sus recursos para ajustar las intervenciones a las características de los menores. Así, ya cuenta con un programa para agresores sexuales, para madres gestantes o con hijos menores de tres años, con un centro específico para los que han cometido los delitos más graves y con un
programa pionero en el mundo para menores que maltratan a sus padres.
Las denuncias a menores por maltrato se disparan
El fiscal de menores, Francisco García Ingelmo, apuntó que en 2008 las denuncias por delitos de maltrato familiar ascendente aumentaron un 44 por ciento, según datos de la Fiscalía. Un fenómeno que "no es nuevo, pero sí emergente", añadió, al tiempo que ponía de manifiesto las dificultades de trabajar con estos jóvenes y sus familias.
El coordinador de los abogados de turno de oficio, Vicente Peláez, incidió en las dificultades derivadas de que las víctimas no solo convivan con los agresores, sino que además sean sus representantes legales.
Por su parte, la jueza de menores Concepción González Rodríguez del Leal apuntó a un fallo de los controles sociales informales (sobre todo familia y escuela, "que están en crisis actualmente") como posible factor que contribuye al incremento de este fenómeno en los países desarrollados. También abogó por 'desjudicializar' el problema siempre que sea posible -acudiendo, por ejemplo, a
la mediación- y por apoyar psicológicamente a las familias antes, durante y después del proceso judicial.
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