El primer ministro Yehude Simon emplazó ayer al Congreso de la República a formar una comisión investigadora, pero ajena a ese Poder del Estado, a fin de esclarecer los violentos sucesos del pasado 5 de junio ocurridos en Bagua y que causaron la muerte de 24 policías y 10 civiles.
Simon sostuvo que ante esos hechos existe también una responsabilidad compartida en el interior del Congreso, en alusión a algunos parlamentarios humalistas que azuzaron la violencia en esa localidad del país.
Esto originó las protestas y gritos de algunos legisladores de esa bancada que exigieron la rectificación del jefe del Gabinete Ministerial quien, alzando la voz, respondió: “Pueden gritar todo lo que quieran pero ustedes están vacíos y llenos de odio”.
“¿Quieren conocer la verdad y hablan de dignidad?... Entonces que se forme una comisión investigadora para que se esclarezcan los hechos y se investigue para conocer quiénes son los verdaderos responsables”, añadió Simon. A los gritos de los humalistas se sumaron los fujimoristas que exigieron a través de sus representantes la renuncia del primer ministro.
El congresista fujimorista Carlos Raffo fue el más crítico al calificar a Simon como “un cochebomba en el corazón del Estado”.
Los humalistas no se quedaron atrás y señalaron, aunque de manera muy débil y con escasos argumentos, que la postura de Simon obedecía a sus nuevos intereses ideológicos vinculados al partido de Gobierno.
En su descargo Simon señaló que el gabinete está trabajando muy duro por devolverle la tranquilidad al país y lamentó que aún existan quienes “siembran odio y cizaña entre peruanos”.
INJERENCIA EXTERNA
Durante el debate de anoche también salieron a relucir las acusaciones de injerencia externa en los violentos sucesos de Bagua y en otros conflictos que tendrían por objetivo la toma del poder por la violencia a través de movilizaciones y protestas sociales.
El congresista Raúl Castro (UN) recordó que en el país operan 250 emisoras radiales con mensajes radicales y que llaman a la violencia y movilización en contra del gobierno, lo cual demuestra que hay una clara intención de grupos financiados por Hugo Chávez para extender su órbita ideológica.
Del mismo modo opinó el congresista Walter Menchola (Solidaridad Nacional) quien alertó sobre las actividades de las Casas del Alba en el país y dejó entrever que el cabecilla indígena y ahora asilado Alberto Pizango habría recibido US.000 para financiar sus actividades violentistas en Bagua.
Incluso, el congresista oficialista Mauricio Mulder sostuvo que las protestas sociales que se vienen organizando solo buscan más muertes con el propósito de generar el caos social, responsabilizar al gobierno y llamar a nuevas elecciones para “que los sectores radicales y ultras tomen el poder”.
Quién también habló fue el congresista David Waisman (PP). Él responsabilizó a la ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz como principal causante de los sucesos de Bagua, al suscribir unos decretos legislativos que —según dijo— no fueron consultados. La congresista Rosa Venegas la llamó “Reina de los TLC” y “ayayera del Ejecutivo”.
POLICÍA DECIDIÓ DESALOJO
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, cuestionada por la oposición, señaló en su descargó que ella asumía la responsabilidad política por los hechos, aunque sostuvo que la decisión de desalojar la carretera ocupada por los nativos fue del Gabinete y la parte operativa de la policía. “La policía cumple sus funciones operativas y de eso soy respetuosa” , dijo, al señalar que todos los detalles de campo, corresponde a los altos oficiales de esa institución.
Cabanillas también alertó sobre la presencia de extranjeros en los hechos de Bagua. y demandó una severa investigación . En ese sentido, invocó a los partidos políticos que aspiran a convertirse en gobierno a respaldar la democracia y no alentar acciones que atenten contra la estabilidad y el estado de derecho del país.
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