El senador del PSOE, Javier Irízar, fue quien actuó de mediador en las conversaciones entre el despacho Solano & Martínez de Tejada, que ejercita la acusacion particular de ocho de las familias de las once víctimas del incendio, y la Junta de Castilla-La Mancha, para llegar a un acuerdo con indemnizaciones.
Así lo ha dado a conocer esta tarde, en un comunicado, el despacho profesional Solano & Martínez de Tejada C.B., que representa a estas familias en el procedimiento seguido por el incendio de la Riba de Saelices del verano de 2005.
Los abogados Solano y Martínez de Tejada reconocen la existencia de conversaicones con la Junta e insisten en que "lo sustancial del acuerdo, de manera incuestionable, era la obtención del perdón y el reconocimiento de posibles errores en la gestión del incendio".
El diario ABC desveló el viernes pasado, en portada a cinco columnas, la existencia de negociaciones, y apuntó a que el mediador fue un cargo socialista provincial. Según los abogados, jamás han tenido contacto directo "con funcionario ni cargo político alguno de la Junta", si no que fue Irízar ese mediador.
El despacho de abogados añade que el máximo responsable de la Administración regional que seguía las negociaciones era el, entonces vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, actual consejero de Salud y Bienestar Social.
En el citado comunicado, los letrados inciden en que el documento elaborado en el proceso de conversaciones fechado el 11 de junio de 2008 quedó reflejado lo que era fundamental, y que el 21 de julio de ese mismo año se produjo un incremento de las cantidades indemnizatorias propuesta a las familias de las víctimas.
Según los abogado, las negociaciones "se iniciaron de forma conjunta como consecuencia de una conversación informal celebrada a principios de marzo de 2008". Tras ser elegido senador por Guadalajara, Irízar se dirigió a la Junta "que dió el visto bueno para negociar, ya que las conversaciones eran de interés para ambas partes".
"Las indemnizaciones económicas nunca fueron el objetivo principal del acuerdo, sino la consecuencia del reconocimiento y perdón que se solicitaría por la Administración regional", han añadido.
Este extemo era "innegociable", según han explicado los abogados, que creen que esto era "conocido por la Junta desde el primer momento". En su explicación han añadido que al no conseguirse la unanimidad de las familias "se efectuó un nuevo intento transaccional sin resultado, ya uqe la Junta exigía unanimidad en el acuerdo así como el desistimiento del ejercicio de la acusación".
A raíz de estos hechos, el Gobierno regional efectuó una nueva oferta económica, con un incremento del 15 por ciento en la suma indemnizatoria propuesta, pero "exigía que dicha cantidad fuera abonada mediante un simple recibo, sin documento de perdón ni reconocimiento de errores". "Esto fue rechazado de plano por las familias", agregan en el comunicado.
Los abogados Solano y Martínez de Tejada agradecen al senador su "desinteresada y generosa intervención" como negociador y niegan que las conversaciones se rompieran por una solicitud de mayor indemnización como dicen, apuntó el consejero José Luis Martínez Guijarro.
Respecto a que la portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, lo tildara de "compra de voluntades", desde este despacho se ha indicado que se trata de una calificación "incorrecta y desafortunada".
A su entender, Riolobos, debería de abstenerse de hacer comentarios de este tipo, ya que no se trataba ni de comprar ni de vender, si no de negociar un reconocimiento, un perdón y como consecuencia lógica una indemnización, como "el único medio que establece nuestro derecho para trata de resarcir a los perjudicados".
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