35.000 euros para los padres que perdieron a un bebé tras una consulta ginecológica

La sentencia establece que hubo conducta omisiva por parte de los servicios médicos del hospital por no realizar más pruebas después de la monitorización efectuada a la demandante el 29 de agosto de 2004. Por la parte demandante se sostenía, además, que los servicios del hospital habían perdido la prueba realizada a la paciente y que podría demostrar la existencia de una patología grave en el feto. La sentencia establece que la existencia de bradicardia en el feto queda probada por la autopsia.

La demandante, Olga Guerrero, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe por presentar contracciones, sangrado y posible pérdida de líquido amniótico. En el hospital fue atendida por el equipo de guardia del Servicio de Ginecología y Obstetricia. La mujer fue sometida a una monitorización que, según el hospital, no se conserva porque los resultados eran absolutamente normales y, posteriormente, fue dada de alta.

Dos días después, el 31 de agosto de 2004, la demandante acudió a su centro de salud para someterse a una exploración. Durante este procedimiento, se descubrió que el feto había fallecido. El informe de la autopsia reveló "signos severos de sufrimiento fetal", de "hipoxia-anoxia" y "aspiración meconial", descartándose cualquier tipo de lesión congénita. La sentencia del TSJ es la culminación de un largo proceso judicial, durante el cual el caso fue desestimado por silencio administrativo y recurrido nuevamente por la parte demandante.