Presuntas escuchas en el PP

   ¿A qué viene esto, a qué responden las acusaciones efectuadas por Dolores Cospedal, secretaria general del PP, y número uno del principal partido mientras Rajoy consume sus vacaciones estivales, que denuncia  escuchas ilegales a dirigentes nacionales de su partido, y que acusa al Gobierno de someterlo a escuchar ilegales y denuncia pinchazos telefónicos sin aportar prueba alguna de su denuncia? Una cosa es cierto, Cospedal se viene convirtiendo en "el látigo" del PP contra el PSOE gobernante, con esta acusación y con la anterior, en la que dirigía sus rayos vengadores contra la Fiscalía por no dar descanso ni tregua a Francisco Camps, pese al sobreseimiento decidido por dos de sus tres magistrados del Tribunal valenciano.

   La Cospedal, de guardia ante los reales o imaginarios desmanes ajenos, según parece, no quiere desaprovechar la menor ocasión para atraer sobre sí los grandes titulares de los medios informativos en un verano que ya parece haber superado el tiempo de sus pavorosos  fuegos veraniegos, y del que, si acaso, y de manera improbable, sólo cabría esperar la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán...

   Pues bien, asegura doña Dolores que a su partido le consta que, desde los ámbitos judicial y policial se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios d la Trama Gurtel y a destacados dirigentes nacionales. Según la información que proporciona el diario ABC, la acusación de Cospedal tendría su fundamento en las sospechas que Génova alberga se que se han intervenido conversaciones del responsable de justicia e Interior del PP, Federico Trillo, con el abogado del partido Juan Ramón  Montero. Y que de tales conversaciones se habrían alimentado las acusaciones de que el PP intentó presionar a la Sala por las filtraciones aparecidas, según las cuales, el PP intentó presionar a la Sala del TSJCV para que archivara el caso contra el presidente de la Generalitat valenciana. Por cierto, que estas denuncias lo que de verdad hacen es confirmar la existencia de tales presiones sobre los jueces del tribunal, de los que ya se tenían abundantes sospechas. La tranquilidad de Camps y del propio Rajoy ante la resolución final del asunto, parecía bien fundada en las esperanzas o seguridades que les habría dado alguno de los jueces del caso.

   Lo cierto es que, a partir de esos hechos, reales o imaginados, Cospedal da un formidable salto en sus acusaciones, y proclama y denuncia que España vive un Estado policial inédito en democracia; estado policial que lleva al Gobierno a utilizar a las instituciones, a la Fiscalía general, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del interior y al Centro Nacional de Inteligencia. Nada menos..., todo lo cual -sigue diciendo Cospedal- pone en grave riesgo a la democracia...  Así las cosas, la propia vicepresidenta De la Vega, también "de guardia por vacaciones del titular del Gobierno",  ha replicado a doña Dolores desde Paraguay: O presenta pruebas de las escuchas que denuncia, o deberá rectificar, porque la policía y la justicia actúan de manera independiente y no deben ser desprestigiados. A De la Vega, las denuncias de la secretaria general del PP le parecen intolerables. Y otro tanto han dicho algunos otros portavoces socialistas: Cospedal, o prueba lo que denuncia, o debe rectificar. O retirarse de la política, llega a decirle José Blanco.