No hay prisa en Valencia

   Las severas recomendaciones de Rajoy y Cospedal para que los dirigentes populares valencianos actúen con contundencia, para poner fin al Caso Gürtel, parece que han sido acogidas sin prisa por Camps, Costa y Rambla, el triplete gobernante en el partido y la Comunidad Valenciana. Camps ha venido a decir que eso es una cuestión de partido y que él se dedica al Gobierno autónomo, que son cosas distintas: "Yo no gobierno para un partido", dijo el "señor de los trajes" y "muy amigo del juez De la Rúa".

   Curiosamentente, en ayuda de Camps ha llegado su colega gallego,  Núñez Feijoo, quien sostiene que en una cuestión como esta, que afecta al Gobierno autonómico, es una injerencia inadmisible que el presidente del partido y su secretaria general pretendan intervenir y dictar a los indígenas lo que deben hacer. Hasta ahí llega, o pretende llegar, la autonomía regional, también en el funcionamiento de los partidos...

   Pero más bien temprano que tarde, el caso habrá de resolverse, por mucho que algunos traten de enrocarse y resistir, como ahora está sucediendo en el PP y Gobierno valencianos. El informe policial que apunta una probable financiación irregular del partido valenciano es una factura de pago abultado e inmediato.

   En el otro escenario, en Madrid, la instrucción judicial parece haber sido mucho más eficaz y sin amistades particulares que la impidan u obstaculicen, sino todo lo contrario. Nada menos que setenta y una personas resultan imputadas por el juez Pedreira, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre ellas la esposa del senador Luis Bárcenas, tesorero del PP. En esta causa, los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear, en una decena de paraísos fiscales, en torno a 40 millones de euro, dinero que, supuestamente, Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP, y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.

   El juez Pedreira dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario, que vienen a ser unos 17.000 de los más de 70.000 folios que integran las diligencias. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía la otra gran vertiente en Valencia, la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad, y que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.

   En el auto dictado ahora por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez. El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado.

   Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.

   También se mantienen secretas el resto de las diligencias porque aún está sin analizar abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas. La esposa de Bárcenas tendrá que explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre.

   Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.

   La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que, a partir de este momento, se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas". En realidad, y se sospecha que por indicación de Rajoy, Esperanza Aguirre ya "depuró" a la mayor parte de los implicados de Gürtel en la comunidad de Madrid, en una actuación muy distinta a la acontecida en Valencia. Hay dos pesos y medidas bien distintos en función de la amistad de Rajoy con Camps o con Aguirre.