Vocales se acogen al derecho al silencio y Prefecto decide declarar

Así lo hizo conocer ayer, en una conferencia de prensa, donde además calificó el caso como una persecución política por parte del Gobierno central. Junto a él asistirán los secretarios Vladimir Peña, Carlos Dabdoub y José Luis Parada, no así Rolando Aguilera Gasser, también convocado, por estar de viaje oficial.

La presencia de los funcionarios estaba prevista para ayer, según la citación enviada por Montellano, pero no fue cumplida y recién lo harán hoy, a las 9:00. El fiscal dijo haber enviado nuevas notificaciones, las cuales fueron aceptadas y por lo tanto recibirá las declaraciones a esa hora.

Por su parte, los vocales electorales Mario Orlando Parada, David Antelo, Ernesto Zambrana, Fernando Castedo,  William Padilla y Eliane Roca acudieron ayer a la citación fiscal y todos, junto al ex vocal José Ayala, también citado, se acogieron al derecho a guardar silencio.
Zambrana explicó que tal acción, contemplada en la ley, no significa que dejarán de asistir a futuras notificaciones, aunque definieron que lo harán en forma escrita.

Sobre el punto, Montellano indicó que, como defensor de la ley, respeta la decisión de no hablar de los declarantes, el cual se ajusta a procedimiento. “Ellos decidieron así”, dijo.

Sin embargo, el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, al ser consultado al respecto en una improvisada conferencia de prensa, manifestó que “en el fondo no es bueno que los vocales electorales se hubieran acogido al derecho al silencio, porque lo ideal sería que digan en qué gastaron y cómo gastaron los recursos, o qué y cómo lo recibieron; nadie está contra el tema de las autonomías, pero hay procedimientos donde se está cuestionado cómo se erogaron recursos públicos para el referéndum”.

A su vez, Mario Orlando Parada, que funge como presidente del organismo electoral, expresó su molestia por la situación en que se encuentra la entidad, que está en plenos preparativos para la justa electoral general de diciembre, pero también en una conflictiva situación judicial que los distrae, pese a que en una anterior acusasión similar quedaron exentos.

El Ministerio Público ha hecho hincapié en que su labor se circunscribe al cumplimiento de lo que establece la ley y no tiene ningún afán político. “Todas las denuncias oficiales que se hacen las investigamos, venga del color que venga”, apuntó Soliz, a propósito de los cuestionamientos que surgieron sobre el caso, principalmente de la Prefectura.

El fiscal de Distrito también criticó la presencia de cívicos ayer en la puerta de la Fiscalía, calificando la misma como un show. “Parece que les faltaba cámaras de televisión, y vinieron a eso”, agregó.

UN CASO QUE ACAPARA LA ATENCIÓN MEDIÁTICA

Acción. La Dirección Jurídica de la CDE coordina la defensa legal de los vocales, y para ello presentará todas las pruebas de descargo sobre las acusaciones contra los representantes de dicho organismo.

Respaldo. La dirigencia cívica de la región, al frente de su presidente, Luis Núñez, estuvo en la Fiscalía para dar su apoyo a las autoridades electorales. Hubo gritos de rechazo a los fiscales, a quienes acusaron de trabajar a favor del Gobierno.

Descargo. El director jurídico de la Prefectura, Vladimir Peña, recordó que los Bs 10,2 millones que se erogaron para el referéndum autonómico no perjudicaron obras ni proyectos de la institución, pues salieron de recortes que se hicieron a los gastos corrientes.

Apoyo. Carlos Lobo,  presidente del Consejo Departamental, dijo que a esa repartición no llegó ninguna notificación policial para presentarse ante la Fiscalía por el caso en cuestión, pero aseguró que asistirán en cuanto la reciban. Asimismo, anunció que hoy acompañará la delegación prefectural que acudirá a declarar ante el Ministerio Público.

Críticas. El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, desveló que para emitir las citaciones a los funcionarios prefecturales el pasado martes, se coordinó la acción con representantes de la entidad, pero fueron sorprendidos por un grupo de funcionarios que abucheó al fiscal Montellano cuando llegó al lugar.

En la víspera

Una nueva citación judicial reabre la posibilidad de un juicio penal contra funcionarios de la Prefectura, entre ellos su titular Rubén Costas, los consejeros departamentales y los vocales de la Corte Departamental Electoral, por haber convocado y llevado a cabo el referéndum por el Estatuto Autonómico el 4 de mayo de 2008.

Ayer llegó de Sucre el fiscal de Recursos Iván Montellano para comenzar a entregar las respectivas citaciones. En la mañana lo hizo en persona a siete vocales electorales, entre ellos a su presidente Mario Orlando Parada, y por la tarde envió a un policía para que pegue las notificaciones en la pared del edificio prefectural, destinadas a cinco funcionarios, a la cabeza del prefecto Rubén Costas y 23 consejeros departamentales.

La acusación interpuesta por Gabriel Herbas, contralor General del Estado, es por los supuestos delitos de malversaciones, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y otras, según reza el documento.
Curiosamente, el caso es similar al denunciado por representantes de movimientos sociales afines al MAS, contra Costas en junio de 2008, y el cual  fue archivado por la fiscal de Recursos, Mirna Arancibia, seis meses después. Entonces, la autoridad judicial determinó que no existían los tipos penales para establecer que Costas cometió los referidos, más sedición, como interpusieron los denunciantes.

Consultado al respecto, el fiscal Montellano señaló que él está cumpliendo su labor y que no conoce los antecedentes al respecto, pero que en todo caso será la investigación la que determine si hubo un fallo sobre el mismo delito.
A diferencia de la primera acusación, esta vez el caso se ventilará en la jurisdicción de Santa Cruz, con la participación de dos fiscales del Distrito, y el control jurisdiccional del juez de Instrucción Luis Tapia Pachi. “Sí, me tocó llevar el caso”, confirmó éste.
Sobre el tema, el director jurídico de la Prefectura, Vladimir Peña, calificó la denuncia y el proceso como arbitrarios porque “nunca recibimos ningún control ni dictamen de auditoría al respecto por parte de la Contraloría General”.
Aún así, dijo que si son convocados por autoridad competente y en base a la legalidad, tanto Costas como los demás acusados se presentarán para defenderse.
Peña también hizo referencia al juicio que afrontó Costas y el cual fue archivado.
Las declaraciones informativas para los vocales electorales están previstas para hoy, a partir de las 8:00, en la Fiscalía de Distrito, en tanto que para los de la Prefectura, mañana desde la misma hora.
En la Contraloría General del Estado aseguran que la convocatoria y puesta en marcha del referéndum autonómico de ese entonces, fue ilegal y que la Prefectura malversó más de Bs 10 millones para su realización.
La Prefectura aduce que todo tiene sustento jurídico legal, de acuerdo con la Ley de Referéndum y las normas electorales, y con las propias normas y decretos que emitió el Gobierno nacional y, sobre todo, por la anterior Constitución Política del Estado.
Por su parte, el presidente de la Corte Electoral aseguró que allí no se “tocó” un solo centavo y que se limitaron a administrar el proceso electoral en cuestión.

  A los correteos 

- Expectativa. El anuncio de las notificaciones fue conocido desde tempranas horas. El fiscal Montellano, con el apoyo de un efectivo policial, comenzó a citar en principio a los vocales electorales en el edificio de la CDE.

- Asistencia. En la Corte Electoral, su presidente, Mario Orlando Parada, y los vocales José Ernesto Zambrana, Willam Padilla, David Antelo y Eliane Roca recepcionaron las citaciones. Fernando Castedo dejó el lugar para no hacerlo, pero el documento lo dejaron en secretaría. No estuvo la vocal Ida Olender por baja médica.

- Al margen. Los vocales Víctor Hugo Claure y Santos Gómez Hoyos quedaron al margen porque no fungían como tales cuando se realizó el referéndum. Sí José Ayala, que aunque ya no está en el cargo, también administró ese proceso electoral.

- Abucheos. El fiscal Montellano debió dejar en forma apresurada y con escolta policial el edificio prefectural, casi al medio día, cuando quiso notificar en el lugar, porque fue abucheado por algunos funcionarios de la entidad. “Son unos cuantos inadaptados”, dijo después.

- Delegación. Al final de la jornada, el fiscal señalado optó por instruir a un policía a llevar las citaciones a la Prefectura, quien al no poder ingresar, dejó las mismas en la parte de afuera.

- Respaldo. El Comité pro Santa Cruz se solidarizó con los notificados.

El proceso autonómico fue ilegal
Juan Carlos Salame / Abogado
Todo funcionario público está sometido a la CPE y a las leyes, como también a lo que dicta la Contraloría. Cuando hay una acusación de uso indebido de recursos, como la malversación, se debe responder por la misma.
En este caso, hay una citación que está siendo dirigida por un juez competente y en la jurisdicción debida, por lo tanto se tiene que ir para defenderse.
Lo concreto es que el proceso del referéndum por los estatutos autonómicos fue ilegal, pues todos estamos sometidos a la Constitución, que en la anterior, según el artículo 228 y en la actual en el 410, habla de la primacía de esta ley, por lo que no podemos estar por encima de ella.

La CPE avala el Estatuto Autonómico
Manfredo Menacho / Vice decano de Derecho
Hay una CPE que se aprobó en un referéndum y en ella reconoce la autonomía departamental, e inserta varias competencias en este tipo de administración pública.
El hecho que la Constitución lo diga así, está reconociendo competencias y atribuciones que están contempladas en el Estatuto Autonómico, y por ende lo está consolidando y legalizando de hecho y derecho, como también a la actividad, en este caso la consulta, que se hizo para su aprobación.
Empero, las autoridades que administraron ese proceso, deben hacer sus descargos correspondientes ante la misma Contraloría, en un recurso jerárquico, para que se deslinden de responsabilidades.