Después de alguna de las intervenciones presidenciales sabatinas de semanas atrás, el primer mandatario concedía un plazo corto para que las líneas aéreas nacionales renovaran sus flotas con equipos de cuarta generación. La empresa estatal Tame lo había venido haciendo; ahora, posee una flota moderna con naves Embraer y Airbus, adquiridas con créditos garantizados por el Gobierno. Otras empresas, como Ícaro y Aerogal, apoyadas por un importante esfuerzo privado, consiguieron préstamos de la CFN que, según se conoce, fueron otorgados en acatamiento a la orden presidencial, aunque desviando la verdadera misión de esa entidad.
Esas empresas están en proceso de incrementar y renovar sus flotas. Los ciudadanos podrán disfrutar de equipos modernos y mayor seguridad. Todo ello contrasta con la noticia de haber aceptado la "generosa" donación de aviones Mirage venezolanos con más de 38 años de uso, y de negociar con Sudáfrica la adquisición de 12 Cazas, casi tan antiguos como los venezolanos, por un valor cercano a los $40 millones. El flamante Legacy que utilizaba la Presidencia y que sigue dañado costó $28 millones, según han manifestado miembros de la Fuerza Aérea; si comparamos ese costo con el de los maravillosos supersónicos que se negocian con Sudáfrica, estos resultan una oportunidad pues, según se ha informado, se invertirán aproximadamente $40 millones, aunque no se conoce a cuánto llegará la negociación total ni quién es el generoso comerciante que ha conseguido la ganga, ni cómo se están haciendo las negociaciones.
Como sucede en gran cantidad de negocios del Estado en tiempos de la revolución ciudadana, no existe licitación, concurso de ofertas ni fiscalización.
Mientras a la flota civil se le exige modernización y seguridad, a la flota militar, y a sus pilotos, se les impone chatarra venezolana y aviones comprados de segunda mano, que no necesariamente ofrecen condiciones de seguridad.
Si (
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