Procesaron a Menem, Anzorreguy y al Fino Palacios por la causa AMIA

Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa, se refirió al tema y afirmó que “pese al tiempo que ha pasado, la Justicia llega y se van dando más respuestas a los familiares”.

“Se explica por que se tardó tanto tiempo en investigar”, dijo Nisman.

Nisman agregó que el escrito de Lijo es una resolución “muy seria porque inclusive comprueba más hechos de encubrimiento que lo que se dijo para el caso de Palacios”.

Además, el fiscal confirmó que está evaluando si en los próximos días pide que los procesados "queden en libertad durante el proceso”.

Nisman había solicitado el procesamiento hace más de un año y medio para Menem, Anzorreguy y Palacios.

El ex presidente Carlos Menem y su hermano Munir quedaron procesados por "encubrimiento", al ser considerados "ideólogos" del desvío de la investigación del atentado a la AMIA para evitar incriminar a una familia de origen sirio allegada al ex mandatario.

La resolución con embargos de 300 mil pesos para cada uno y sin prisión preventiva recayó además sobre el ex juez del caso Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Jorge Palacios, según el fallo de 324 carillas al que accedió Télam.

Todos fueron acusados por el juez federal Ariel Lijo de haber actuado en "connivencia" para frenar la pesquisa de la bautizada "pista siria", que se orientaba a una familia de ese origen, los Kanoore Edul, vinculados por lazos de amistad con los Menem.

Lijo entendió que el 1 de agosto de 1994, hubo una "directiva emanada de la órbita presidencial" para no investigar más a esa familia por el atentado, pese a que hasta ese entonces había fundadas "sospechas de responsabilidad" hacia algunos de sus miembros.

"La interrupción de la investigación fue producto de la voluntad ilegítima del Presidente de la Nación, dr. Carlos Saúl Menem, instrumentada en connivencia por Munir Menem- hermano del nombrado", afirmó el juez.

Para Lijo esta "interrupción" fue "materializada por el entonces juez de la causa Juan José Galeano, quien contó con el auxilio necesario del secretario y del subsecretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado -Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar- y de los funcionarios policiales a cargo de la investigación -Palacios y Castañeda".

En base a ello, quedaron procesados también el ex agente de la SIDE Anchezar y el ex policía federal Carlos Castañeda, quien estuvo al frente del departamento de Protección del orden constitucional creado poco después de la voladura de AMIA, el 18 de julio de 1994.

La pista se retomó más tarde y, según Lijo, "lo que se puede observar teniendo en cuenta el impulso que cobró la investigación cuando la entidad de la directiva de Carlos Menem empezó a disiparse, es que durante aproximadamente cinco años se evitó la producción de las medidas que eran imprescindibles para dilucidar la responsabilidad de la pista siria".

Esto "ocasionó la pérdida de elementos de producción inmediata y de difícil recolección posterior, que frustraron la averiguación de la verdad" sobre el ataque que causó 85 muertos.

Los imputados "tenían pleno conocimiento de lo que sucedía, puesto que si por el contrario hubieran tenido la seguridad de que tal cauce era irrelevante, la investigación al respecto podría haberse cerrado definitivamente mucho tiempo antes" y en cambio "se mantuvo latente".

Carlos y Munir Menem fueron acusados de "encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad".

Si la decisión queda firme en las instancias de apelación, ambos serán juzgados porque Lijo consideró que desde el 1 de agosto de 1994 influyeron en la causa a cargo de Galeano para evitar que se involucrase a Jacinto Kanoore Edul hijo, a pedido de su padre quien ese día llamó por teléfono a la Casa Rosada.

Los Menem "vulneraron el sistema normativo, a pesar de tener el conocimiento suficiente para tomar el camino contrario al que en efecto emprendieron", agregó la resolución.

En particular, Lijo entendió que Munir llamó por teléfono a Galeano a instancias del entonces presidente para frenar allanamientos que se habían ordenado a domicilios de los Kanoore Edul el 1 de agosto de 1994.

A la misma razón adjudicó un pedido a Galeano emanado de la SIDE el 8 de agosto de ese año donde se le solicitó interrumpir las escuchas telefónicas a los Kanoore Edul por "carecer de valor informativo".

Posteriormente, se perdieron las transcripciones y casetes de las escuchas que se habían hecho hasta ese momento.

En cuanto a los demás procesamientos, Galeano quedó acusado por los delitos más graves: prevaricato, encubrimiento, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.

Anzorreguy y Palacios fueron acusados de partícipes necesarios de encubrimiento y autores de abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

Anchezar quedó procesado por partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, co-autor del delito de falsedad ideológica -en cinco oportunidades-.

Y Castañeda como partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica -en cinco oportunidades- Kanoore Edul hijo apareció vinculado al atentado porque desde un teléfono ubicado en su automóvil se llamó el 10 de julio de 1994 al entonces reducidor de autos Carlos Telleldín, quien había puesto a la venta en un diario la Trafic usada ocho días más tarde como cochebomba en Pasteur 633.

Diez días después de la masacre, comenzó la pesquisa sobre su persona y la de su familia, con intervenciones de teléfonos ordenadas por Galeano y se estableció además que habrían estado ligados a la entrega de un volquete colocado frente a la mutual antes de la voladura.

También se encontró en su agenda el teléfono del ahora prófugo por el ataque, el ex agregado cultural iraní en Argentina Moshen Rabbani.