Denuncia que horas después fue desvirtuada por el viceministro Sacha Llorenti, quien insinuó que la delegación opositora quiere sacar provecho ante las próximas elecciones de diciembre.
En el marco del 137 periodo de sesiones de la CIDH, instancia que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los congresistas presentaron un informe que detalla las violaciones que se registran bajo el gobierno del presidente Evo Morales.
Para Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien también está en Washington, la acción de los opositores responde a un "intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas".
Ortiz es candidato a primer senador por Santa Cruz de la opositora Unidad Nacional (UN) y Pinto postula a similar pero por Pando en representación de Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN).
Ortiz, también presidente del Senado, señaló que la delegación teme "que se continúe profundizando la toma del Poder Judicial" en su país, y pidió a la CIDH que verifique sus denuncias en una visita al país e incluso inicie un proceso contra Bolivia.
Y, a manera de respuesta, Llorenti aseguró que Bolivia mantiene las puertas abiertas a las comisiones internacionales para que verifiquen que en el país existe un pleno respeto de los derechos humanos y constitucionales.
El presidente de la Cámara Alta denunció los cercos al Congreso Nacional que se produjeron en cinco ocasiones desde 2006 en las que el Ejecutivo no contaba con la mayoría suficiente para aprobar por los dos tercios las reformas que pretendía impulsar.
En aquellas ocasiones, el gobierno de Evo Morales "impidió con la fuerza y la violencia de sus simpatizantes el ingreso de los opositores y así aprobaron distintas leyes", señaló.
Por otra parte, denunció "la persecución" contra miembros del Tribunal Constitucional.
Eso produjo una renuncia "forzada" de sus miembros, dijo Ortiz, quien agregó que la persecución y la política del Gobierno hacia el Alto Tribunal se refleja en el hecho de que "Bolivia ya no tiene un Tribunal Constitucional en funciones por esta circunstancia.
Ortiz también puso de ejemplo la destitución "ilegal" del Contralor de la República, a quien Morales sustituyó por un diputado oficialista, una facultad que no tenía el mandatario, aseguró.
El informe detalla 74 muertes producidas en el "conflicto político" de Bolivia, atentados y agresiones contra miembros del Congreso y persecuciones indebidas de parlamentarios. Ortiz también hizo referencia a detenciones indebidas, dado que alrededor de 10 presos políticos llevan más de un año presos, sin que se les haya iniciado un proceso ante la Justicia.
Expresó además su preocupación por las presuntas ejecuciones sumarias que se han realizado en enfrentamientos con fuerzas policiales, en los cuales se ha matado a personas sin que hubiera habido propiamente un motivo para ello, aseguró.
Ortiz indicó que la institucionalidad democrática "se ha quebrantado" y que ha acudido a la CIDH porque no existen ya las condiciones para procesos imparciales.
Denuncia e invitación
La oposición presentó un informe y el oficialimo invitó a visitar el país e investigar.
Defienden a latifundistas
En la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Washington, la oposición defendió a los latifundistas y separatistas que tramaban una guerra civil en Bolivia, empleando a terroristas extranjeros, denunció ayer el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Para Llorenti, quien presidió la comisión del Gobierno ante la CIDH, los senadores opositores vinieron como abogados de oficio de Branko Marinkovic, ya que, a lo largo de su intervención, estas personas defendieron al ex cívico opositor, empresario, latifundista y acusado de estar implicado con la célula terrorista encabezada operativamente por el boliviano-húngaro-croata, Eduardo Rózsa Flores. Para Llorenti, "es importante destacar que la propia CIDH en sus recomendaciones dio la razón a la posición del Estado Boliviano sobre el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ya que en su resolución 24 señala que tiene que ser el juez el que en este caso decida, controle y monitoree las condiciones de las detenciones preventivas".
LAS DENUNCIAS
• Hay exiliados, hay gente detenida sin un proceso.
• Se ha tomado las instituciones, se ha asesinado impunemente en el aeropuerto de Cobija y hubo confrontación dirigida y financiada por el Gobierno
• Se han violado derechos de Víctor Hugo Cárdenas, de Marcial Fabricano, de Leopoldo Fernández.
• Violación a los derechos humanos de líderes de la oposición y autonomistas en el país.
• Hay muertes y ejecuciones que se han dado durante la presidencia de Evo Morales", señala el documento.
• Es su informe, los senadores tocan una serie de temas, desde aquellos que tienen que ver estrictamente con los ataques al Congreso y el apresamiento y traslado de personas de un distrito a otro".
Derechos vigentes
El Gobierno de Bolivia en ocasión del 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se inició el lunes y cerrará el viernes, informará sobre el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos y denunciará la masacre de Porvenir, en el que campesinos fueron torturados y acribillados por grupos paramilitares.
"En la CIDH presentamos como Estado avances en materia de acceso a la justicia, derechos humanos y en el que también se denunciará el fallido golpe cívico prefectural para derrocar al Gobierno y que provocó crímenes de lesa humanidad", afirmó el viceministro interino de Justicia, Nelson Cox. En ese marco, explicó que el informe especial está relacionado a los sucesos del año 2008, referidos a los actos de racismo, intolerancia y asaltos.
Destituciones
La comisión de senadores opositores denunció ayer en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la destitución "ilegal" del Contralor de la República, a quien Morales sustituyó por un diputado oficialista, una facultad que no tenía el mandatario, aseguró.
El senador Óscar Ortiz indicó que la institucionalidad democrática en Bolivia "se ha quebrantado" y explicó que ha acudido a la CIDH porque no existen ya las condiciones para que las violaciones a la democracia y a los derechos sean investigados de manera imparcial.
En su opinión, en Bolivia "se ha atropellado al Legislativo, al Poder Judicial, y se ha destituido inconstitucionalmente a autoridades electas por el Congreso y reemplazado por decreto del presidente". El relator de Libertad de Expresión de la CIDH recibirá un segundo documento, que tiene que ver con las violaciones que se han hecho a todos los periodistas y todos los medios de comunicación.
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